La solución no es “Despistolizar”

El presente artículo fue publicado en Guate Activa el 9 de septiembre de 2014

Mientras el ojo del huracán mediático se encuentra en el caso de Lima Oliva,  se le ha hecho poco énfasis a las peligrosas declaraciones vertidas por el Ministro de Gobernación López Bonilla hace unos días. El señor ministro explícitamente dijo que “se deben sacar todas las armas del escenario para detener la violencia. El eje principal para terminar con la delincuencia es DESPISTOLIZAR a los guatemaltecos”. Aclaro, el termino despistolizar no existe en la Real Academia Española, sin embargo, podemos interpretar que se refiere a desarmar totalmente a la población.

Recurrir al inefectivo remedio de siempre: pasar una ley. Como si los delincuentes, que son quienes hacen mal uso de estas armas, fuesen obedientes y acaten toda ley que se promulgue. Esta ley es peligrosa por el simple hecho de que desarma a los ciudadanos correctos y deja las armas en manos de los delincuentes. El derecho a la defensa propia es esencial, especialmente en un país como el nuestro dónde hay sicarios y asesinos por doquier. Es necesario que entendamos que lo peligroso no son las armas sino algunas personas que las utilizan. Los asesinos no piensan en una ley que prohíbe el uso de armas cuando matan y por el contrario, se aprovechan de estas leyes para atacar a ciudadanos que ante el inminente peligro no pueden defenderse.

Decía Cesar Beccaria —precursor del derecho penal— que la prohibición de contar con armas es lo mismo que “prohibir el uso del fuego porque quema o el agua porque ahoga. Las leyes que prohíben el uso de armas son de la misma naturaleza: desarman a quienes no están inclinados a cometer crímenes. Leyes de ese tipo hacen las cosas más difíciles para los asaltados y más fáciles para los asaltantes, sirven para estimular el homicidio en lugar de prevenirlo ya que un hombre desarmado puede ser asaltado con más seguridad por el asaltante”.

Por otro lado, no fue meramente por pura casualidad que en la Cuba de los Castro, la Alemania Nazi, la Rusia de Stalin, la Italia fascista, la China de Mao, entre muchos otros gobiernos opresores, lo primero que se hizo fue prohibir la tenencia de armas. ¿Qué mejor que tener a la población desarmada para que no se pueda revelar?

Pero pongámonos en el caso de que la prohibición no es con el fin de poder oprimir a la población sino con la “buena intención” de reducir la delincuencia. La evidencia nos demuestra que esta política no ha funcionado. A continuación tres ejemplos:

 Gran Bretaña, 1997. La portación de armas se prohíbe totalmente. La         violencia por armas de               fuego se ha incrementado un 40% desde aquel     entonces.

   La NAS (Academia Nacional de Ciencias de EEUU)   analizó 253 estudios             académicos, 100                   libros y 43 diarios          estatales que            contenían, entre       todas, 80 medidas para la     prohibición          de armas de fuego   dentro de       territorio norteamericano. Les fue imposible                 identificar una sola  regulación que haya reducido la violencia,        el crimen o los       suicidios.

 Australia. Doce años tras la implementación de el decreto que prohibía la             portación de                     armas, la revista TIME, reportó que “fue un desperdicio de           dinero público y no ha logrado                   diferencia alguna en la tasa de muertes             relacionadas a las armas”.

Por el contrario, Suiza e Israel ocupan el primer puesto en cuanto a la portación de armas se refiere y se encuentran entre los países con los niveles más bajos de crimen.      

Se puede decir entonces, que desarmar a la población civil es contraproducente si el fin es reducir el índice de violencia en la nación. Por otro lado, se fomentaría el crecimiento del mercado negro de armas sin controles de quienes las pueden llegar a poseer  y se violaría el derecho básico a defendernos ante el uso de la fuerza física por parte de otros, utilizando un arma de fuego. Una DESPISTOLIZACIÓN como la que el señor ministro propone, le facilitaría el trabajo a los delincuentes al disminuir la capacidad de defensa por parte de las víctimas.

Esperemos pues, que no caigamos en los mismos errores de siempre y que los gobernantes entiendan que la delincuencia se combate acabando con la impunidad, no multiplicando las leyes.

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