¡Protesto!

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Por José Fernando Orellana Wer 

 El presente artículo fue publicado en la Web de  Guate Activa el 15/5/2014

H

ace unos cuantos días la dirigencia popular salió a las calles a hacer lo que mejor sabe: utilizar la fuerza y la presión, para exigir la aprobación de más deuda,  la derogación de ciertas leyes y la creación de otras que tienen el mezquino objetivo de ampliar las prebendas para los de su grupo. Intentando dar legitimidad a un sistema “tipo bolchevique, en el cual las decisiones se toman en la calle, intimidando unos a otros (…)” como escribió el Dr. Manuel Ayau en su ensayo titulado Violencia y Democracia. 

Si bien es cierto,  todos tenemos derecho a protestar, es propio del ser humano manifestarse y expresarse libremente en contra de aquello que consideran injusto o incorrecto; el problema se genera cuándo se transgreden los derechos de terceros. 

Desde la pobre madre en Xela cuyo hijo murió en sus brazos cuando se dirigía al hospital, los  miles de trabajadores que no pudieron llegar a los lugares donde laboran, los agentes de seguridad que por hacer su trabajo fueron vapuleados  y los empresarios cuyas pérdidas, en conjunto, componen una cifra de varios ceros,  sufrieron de una violación a sus derechos de libertad, propiedad y vida. Pero hay de aquel que se atreva a manifestase contra los bloqueos organizados por la dirigencia popular porque si lo hace, los colectivos de extorsionistas le dirán que es un “criminalizador de la protesta social”. Pero no, lo que ellos hacen no es protesta, pues como continúa el Muso Ayau en su texto “ese derecho no incluye recurrir a la violencia, destruir derechos ajenos o intimidar a otros. 

Tampoco es un derecho pintarrajear ni impedir a otros utilizar las calles y carreteras, pues equivale a apropiarse por la fuerza de derechos y propiedad ajena. Las calles y carreteras son propiedad de todos y no de ningún grupo (…)”. 

 Dicho lo anterior, vale analizar qué es lo que estos grupos parasitarios  exigen. Dentro de todo lo que piden, resalta la derogación de la mal llamada Ley de Túmulos, la aprobación de  más endeudamiento y de la Ley para el “Desarrollo Rural”. Desmantelemos las exigencias una por una: 

 
La derogación de la  “Ley de Túmulos”.  Dicen los del Comité de Unidad Campesina que esta ley busca “criminalizar la protesta social”. Vaya si no les perjudica que los obstáculos que hay en la carretera sean removidos. 

 
La aprobación de 4 millardos de Quetzales en bonos del tesoro.  El tan usado Sindicato de Trabajadores de la Educación exige que sean comprometidos los ingresos futuros de los tributarios, puesto que son todos aquellos que pagan impuestos y los que están por empezar a pagarlos e incluso ni han nacido, quienes deberán saldar con el sudor de su frente, esta emisión de deuda. Mientras los gobernantes malgastan el dinero, los tributarios pagan los platos rotos. Lo peor es que a los políticos de turno y  a los profesionales de la Junta Monetaria les encanta la idea y les importan nada las consecuencias ominosas que sus decisiones tendrán en la economía de los guatemaltecos.

 

La Ley de Desarrollo Rural. La más aclamada de todas, es una política agraria que textualmente establece en su Artículo 10 que “democratizará el régimen de uso, tenencia, propiedad de la tierra, desincentivando su concentración”. En otras palabras, tiene el fin de someter la propiedad al criterio de los políticos de forma que estos puedan distribuirla a su sabor y antojo. La especie de política pública por la que lucharon las guerrillas marxistas-leninistas durante poco más de tres décadas del siglo pasado. 

“Indistintamente si se está de acuerdo o no, debe respetarse el debido proceso legislativo sin recurrir a las viejas prácticas bolcheviques. Inclusive, la expresión de rechazo sería más beneficiosa, tanto para los interesados como para el país, si se hiciera en forma verdaderamente pacífica, con argumentos coherentes, con propuestas concretas y especialmente con respeto al resto de la población”. Termina el Muso. 

 Las flagrantes violaciones cometidas por los colectivos la semana pasada generan en mí un deseo de protestar. ¡Protesto! ¡Protesto, y lo hago de forma pacífica,  contra la protesta que obstaculiza la libre locomoción de otros, daña la propiedad y atenta contra la vida! ¡Protesto contra las exigencias de la dirigencia popular que no les pueden ser concedidas sin cometer una injusticia a otro! ¡Protesto contra aquellos que buscan escudarse al afirmar que “sus acciones son culpa del congreso”! ¡Protesto contra aquellos líderes de la dirigencia popular que con afán se aprovechan de la ignorancia de algunos y les incentivan a confundir derechos con necesidades y a forzar a los demás de ocuparse de las obligaciones que a ellos pertenecen! ¡Protesto contra aquellos políticos pusilánimes y populistas que ceden ante los mecanismos de presión de los grupos parasitarios! ¡Protesto porque es la mayoría de los habitantes de nuestra nación los que pagan las consecuencias de las manifestaciones caprichosas de unos cuantos extorsionistas! ¡Protesto porque hay quienes no participan en hechos delictivos y desean salir adelante por sus propios medios y no se les es permitido por el berrinche de algunos! ¡Protesto en mi nombre y en el nombre de la gente pacífica y productiva! ¡Protesto, Protesto, Protesto!

La fotografía fue tomada del diario Prensa Libre e ilustra a un miembro del Comité de Unidad Campesina manifestando “pacíficamente”.

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