Pobreza por decreto

El presente artículo fue publicado en elPeriódico el 12 de septiembre de 2015.
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“Usted quiere que yo provea los empleos; pero quiere hacerme imposible que tenga trabajos para proveer”*. La anterior cita, tomada de la película de La Rebelión de Atlas, me viene a la memoria cuando leo que el próximo 15 de septiembre termina el plazo para que las comisiones paritarias del salario mínimo –integradas por empresarios, sindicalistas y funcionarios públicos– entreguen sus respectivas resoluciones. Como ya es usual, presentarán dos discursos paralelos, uno en favor y otro en contra del aumento al salario mínimo.

Erradicar la pobreza es el fin. Establecer un salario por decreto es el medio que los burócratas y sindicalistas han intentado hacer parecer como la única alternativa. Sin embargo, esto únicamente conduce a males mucho peores de los que se pretenden curar.

Los salarios crecen por productividad. Independientemente de lo que los burócratas quieren que creamos, nuestros salarios incrementan por nuestra propia capacidad y esfuerzo, por nuestra competencia en el mercado de trabajo.

A precios más altos (o salarios), menos se compra (o se contrata). Esa es una ley de economía más poderosa que cualquier mandato del Ministerio de Trabajo. Si el Gobierno exige a los empleadores pagar salarios más altos, es una consecuencia lógica que ellos harán ajustes para pagar por los costos adicionales, entre esos se encuentra la reducción de la contratación, lo que se traduce en el desempleo de muchísimas personas.

Es por ello que este tipo de políticas son crueles con aquellos cuyas capacidades son limitadas y su productividad es menor al salario “legal”. Los líderes sindicales promocionan su romántico discurso de “igualdad salarial” pretendiendo que todavía pueden comprar a los guatemaltecos con espejitos… Su verdadero objetivo es eliminar la competencia de trabajadores que están dispuestos a vender su servicio por menos.

Establecer un salario por ley, es una muestra de arrogancia por parte de los funcionarios públicos y una violación monstruosa a la libertad individual. Es el individuo a ser empleado quien debe negociar la cantidad mínima por la que trabajará y el empleador la máxima que pagará. Legislar un mínimo salarial convierte en criminales a todos aquellos que están dispuestos a realizar un contrato voluntario por menos de lo establecido por el Estado y eso no es nada más que un abuso.

La pobreza no se erradica por la fuerza sino a través de la generación de riqueza. En lugar de dictar una renta mínima, se deben eliminar la barreras arancelarias y el impuesto sobre la renta, terminar con la contratación de deuda, garantizar la certeza jurídica y reducir el gasto público. De esta forma, se incentiva la inversión de capital, se incrementa el poder adquisitivo y se produce un crecimiento económico más rápido en beneficio de todos.

*La traducción libre de la cita es de Luis Figueroa .

 

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