¿Simples externalidades?

El presente artículo fue publicado originalmente el sábado 12 de diciembre de 2015 a manera de inauguración de mi espacio de opinión en República.Gt.

Screen Shot 2015-12-14 at 21.47.04Uno de los pilares fundamentales de un sistema republicano es el Organismo Judicial. Un ente que se faculta en las bases legales establecidas por el Legislativo para la protección de los derechos individuales.

El objetivo de la existencia de los tribunales de justicia es castigar a los agresores con el enfoque crucial de que restituyan a sus víctimas. Los jueces están legítimamente acreditados para emitir una sanción contra los criminales ya que son ellos quienes se condenan a si mismos a ese servilismo involuntario desde el momento en que voluntariamente deciden violentar los derechos de un tercero.

Debido a la importante función que le es delegada, este organismo debe caracterizarse por una institucionalidad inquebrantable que se preserva únicamente en la medida en que defiende y hace respetar los derechos a la vida, libertad y propiedad de todos.

Es por ello que considero necesario que evaluemos el actual proceso judicial y cambiemos lo que se deba cambiar, ya que en el transcurso de impartición de justicia se cometen injusticias, legitimadas en la legislación, que se toman como simples externalidades que casi nadie cuestiona.

Una de las principales garantías constitucionales –aquellas que funcionan como salvaguardas de la libertad ante potenciales desmanes de poder por parte de los funcionarios públicos– es la presunción de inocencia. Tal como lo afirma el Artículo 14 de la Constitución, “toda persona es inocente, mientras no se le haya declarado responsable judicialmente, en sentencia debidamente ejecutoriada”. Asimismo, el Artículo 4 del Código Procesal Penal afirma que “nadie podrá ser condenado, penado o sometido a medida de seguridad y corrección, sino en sentencia firme”.

El anterior, es un principio cardinal en una República que nos da a cada uno la certeza de que no seremos sometidos a servilismo involuntario por el simple capricho o deseo de un individuo particular.

Sin embargo, a pesar de la garantía en mención, la misma ley contradice el principio y ha legitimado un sistema en el que se avala el encarcelamiento no solamente antes del fallo condenatorio del juez sino antes del mismo juicio.

En Guatemala, más del 40% de la población de las cárceles se encuentra recluida por la potencialidad de haber cometido un delito, esperando hasta por tres meses para ser recibidos por un juez en una primera audiencia.

Dentro de ese porcentaje hay tanto criminales como inocentes. La reconsideración de este proceso la hago precisamente por aquellos individuos sin culpa alguna que se encuentran en la cárcel ilegítimamente por períodos prolongados de tiempo y son considerados como “una simple externalidad” y “un mal necesario” en el actual proceso de justicia.

El economista austriaco Murray Rothbard escribe, en su libro Hacia una nueva Libertad, que “a menos que el criminal sea capturado in fragantti, es imposible justificar el encarcelamiento antes del juicio”.

Para que un sistema de justicia republicano cumpla con su función, es imperativo que no exista poder discrecional en manos de los policías, jueces y fiscales. Con ese propósito, Rothbard continua y afirma que “si supuestamente a todos nos rige una misma legislación, al exceptuar a las autoridades se les da una licencia legal para cometer permanentes agresiones (…) es por ello que todos deben ser sometidos a la ley universal”.

Someter a los funcionarios públicos a la ley universal significa invertir el actual proceso de tal forma que los fiscales del Ministerio Público deban tener absolutamente todas las pruebas contra el acusado antes de presentar la solicitud ante el juez de mandar a aprehenderlo. De esta forma se disminuye significativamente la posibilidad de capturar a un inocente.

En caso el juez emita una orden de aprehensión contra el acusado, este deberá tener una audiencia en un muy corto período de tiempo y el juicio se llevará a cabo rápidamente, evitando encarcelar a personas sin condena alguna en el período de tiempo que le toma actualmente al Ministerio Público investigar y recabar la evidencia.

Si el sistema funcionara de la manera propuesta y alguno de los acusados fuese privado de su libertad y resultara ser inocente, las autoridades judiciales y los funcionarios públicos encargados de la investigación serían sancionados por haber aprehendido injustamente a un inocente, lo que funcionaría como un incentivo para que los fiscales realizaran investigaciones de calidad y los jueces emitieran las ordenes de captura con cautela, basándose en la correcta evaluación de la evidencia.

Debemos apostar por un sistema judicial con una institucionalidad fuerte e inquebrantable pero digno de una República en el que las “externalidades” no tengan cabida.

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