Una ley de aguas no es la solución

Publicado el 26 de febrero de 2016 en diario elPeriódico.

IMG_1214Escribió el pensador francés Frederic Bastiat que “los planes difieren, los planificadores son todos iguales” pues se caracterizan por su pretensión de omnipotencia y su convicción en que los decretos que promueven son la panacea para todo problema. El resultado sus políticas es evidente: los problemas se agravan o se mantienen perpetuamente sin solución.

Digo lo anterior pues a raíz del problema que se generó en Escuintla por la desviación de los ríos Madre Vieja y Achiguate hubo quienes volvieron a insistir en que la solución es una Ley General de Aguas.

Una propuesta que pretende crear una Superintendencia de aguas -una entidad burocrática más- para expandir el poder estatal de asignar arbitrariamente el uso de los recursos hídricos del país.

Es precisamente la “propiedad” gubernamental de los ríos la razón principal de los conflictos derivados de la contaminación y desvío de los mismos. Propiedad que no es verdadera propiedad, pues a pesar de que los políticos tienen la potestad para controlar el agua no pueden obtener su valor de capital mediante su venta, ni tienen acciones sobre este. En consecuencia, no existe ningún incentivo para que alguien tenga el interés de preservar el valor del mencionado recurso.

Aristóteles fue el primero en observar que el inconveniente con este tipo de recursos es que “existe poco interés por la propiedad común, porque cada uno piensa en sus intereses privados y cuida poco de los públicos” y como es natural en la acción humana, todos los que tengan acceso a este recurso derivaran de él la mayor ventaja posible y poco les importará velar por su conservación pues en el corto plazo no son ellos quienes deberán pagar el costo de hacerlo.

A este fenómeno fue al que el biólogo estadounidense Garreth Hardin denominó como “la tragedia de los comunes”.

Si dejamos de considerar este bien tan escaso y esencial para la supervivencia de todos los hombres como un bien público y lo consideramos como uno económico, sujeto a derechos de propiedad para regular su aprovechamiento, se crearían los incentivos necesarios para el fomento de la inversión, explotación, distribución y conservación del mismo.

En el libro ‘Mercados ambientales’, Terry Anderson escribe sobre diferentes países en los que este sistema de privatización de los recursos hídricos es una realidad. El mejor ejemplo es el de Escocia, en donde se han establecido derechos de propiedad claramente definidos, aplicables y trasferibles sobre los ríos de pesca para que los individuos puedan disponer de un determinado volumen del caudal y obtener un beneficio lucrativo al cobrar cuotas por el permiso de pescar o al distribuirla a un precio de mercado que como efecto produce un uso moderado de la misma.

Es momento de que cuestionemos la “solución” tradicional y empecemos a considerar la solución de libertad y de mercado.

 

 

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