¿Simples externalidades?

El presente artículo fue publicado originalmente el sábado 12 de diciembre de 2015 a manera de inauguración de mi espacio de opinión en República.Gt.

Screen Shot 2015-12-14 at 21.47.04Uno de los pilares fundamentales de un sistema republicano es el Organismo Judicial. Un ente que se faculta en las bases legales establecidas por el Legislativo para la protección de los derechos individuales.

El objetivo de la existencia de los tribunales de justicia es castigar a los agresores con el enfoque crucial de que restituyan a sus víctimas. Los jueces están legítimamente acreditados para emitir una sanción contra los criminales ya que son ellos quienes se condenan a si mismos a ese servilismo involuntario desde el momento en que voluntariamente deciden violentar los derechos de un tercero.

Debido a la importante función que le es delegada, este organismo debe caracterizarse por una institucionalidad inquebrantable que se preserva únicamente en la medida en que defiende y hace respetar los derechos a la vida, libertad y propiedad de todos.

Es por ello que considero necesario que evaluemos el actual proceso judicial y cambiemos lo que se deba cambiar, ya que en el transcurso de impartición de justicia se cometen injusticias, legitimadas en la legislación, que se toman como simples externalidades que casi nadie cuestiona.

Una de las principales garantías constitucionales –aquellas que funcionan como salvaguardas de la libertad ante potenciales desmanes de poder por parte de los funcionarios públicos– es la presunción de inocencia. Tal como lo afirma el Artículo 14 de la Constitución, “toda persona es inocente, mientras no se le haya declarado responsable judicialmente, en sentencia debidamente ejecutoriada”. Asimismo, el Artículo 4 del Código Procesal Penal afirma que “nadie podrá ser condenado, penado o sometido a medida de seguridad y corrección, sino en sentencia firme”.

El anterior, es un principio cardinal en una República que nos da a cada uno la certeza de que no seremos sometidos a servilismo involuntario por el simple capricho o deseo de un individuo particular.

Sin embargo, a pesar de la garantía en mención, la misma ley contradice el principio y ha legitimado un sistema en el que se avala el encarcelamiento no solamente antes del fallo condenatorio del juez sino antes del mismo juicio.

En Guatemala, más del 40% de la población de las cárceles se encuentra recluida por la potencialidad de haber cometido un delito, esperando hasta por tres meses para ser recibidos por un juez en una primera audiencia.

Dentro de ese porcentaje hay tanto criminales como inocentes. La reconsideración de este proceso la hago precisamente por aquellos individuos sin culpa alguna que se encuentran en la cárcel ilegítimamente por períodos prolongados de tiempo y son considerados como “una simple externalidad” y “un mal necesario” en el actual proceso de justicia.

El economista austriaco Murray Rothbard escribe, en su libro Hacia una nueva Libertad, que “a menos que el criminal sea capturado in fragantti, es imposible justificar el encarcelamiento antes del juicio”.

Para que un sistema de justicia republicano cumpla con su función, es imperativo que no exista poder discrecional en manos de los policías, jueces y fiscales. Con ese propósito, Rothbard continua y afirma que “si supuestamente a todos nos rige una misma legislación, al exceptuar a las autoridades se les da una licencia legal para cometer permanentes agresiones (…) es por ello que todos deben ser sometidos a la ley universal”.

Someter a los funcionarios públicos a la ley universal significa invertir el actual proceso de tal forma que los fiscales del Ministerio Público deban tener absolutamente todas las pruebas contra el acusado antes de presentar la solicitud ante el juez de mandar a aprehenderlo. De esta forma se disminuye significativamente la posibilidad de capturar a un inocente.

En caso el juez emita una orden de aprehensión contra el acusado, este deberá tener una audiencia en un muy corto período de tiempo y el juicio se llevará a cabo rápidamente, evitando encarcelar a personas sin condena alguna en el período de tiempo que le toma actualmente al Ministerio Público investigar y recabar la evidencia.

Si el sistema funcionara de la manera propuesta y alguno de los acusados fuese privado de su libertad y resultara ser inocente, las autoridades judiciales y los funcionarios públicos encargados de la investigación serían sancionados por haber aprehendido injustamente a un inocente, lo que funcionaría como un incentivo para que los fiscales realizaran investigaciones de calidad y los jueces emitieran las ordenes de captura con cautela, basándose en la correcta evaluación de la evidencia.

Debemos apostar por un sistema judicial con una institucionalidad fuerte e inquebrantable pero digno de una República en el que las “externalidades” no tengan cabida.

(De)formando mentes

El presente artículo fue publicado el 25 de julio de 2015 en el diario elPeriódico.

 

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Es un hecho, sean públicas o privadas, las escuelas de nivel primario y secundario en Guatemala están sometidas –ilegítimamente– al férreo control estatal. El sistema que ha sido impuesto sobre todos los estudiantes, suprime la creatividad individual, colectiviza las aptitudes y es de carácter puramente primitivo.

 

Fue en el siglo XIX cuando por primera vez se implementaron sistemas educativos en respuesta a las necesidades de la industrialización. En Estados Unidos, el político Horace Mann impulsó una reforma que oficializó la aplicación del método prusiano. Consistía en dividir a los alumnos según la edad y seleccionar un determinado pénsum que cubriese lo básico para que el individuo pudiera adaptarse al ritmo del acelerado desarrollo, en detrimento de las habilidades de cada uno pues debían limitarse a las de un marco mecanizado.

Más de doscientos años han pasado y ese obsoleto sistema se sigue aplicando. El aparato educativo imita el proceso de una maquila en el que la prenda que se está fabricando pasa de estación en estación hasta estar terminada. Así, la creatividad, las destrezas, talentos e intereses del estudiante quedan anulados y se le estandariza al nivel de una masa que obtendrá un grado académico por haber aprendido metódicamente y muchas veces sin criterio, los mismos procedimientos y datos que el resto del grupo de su misma edad.

El objetivo de la educación, es enseñarle a los individuos los métodos correctos para adquirir conocimiento y entender la realidad. Aristóteles escribió que “todos los hombres por naturaleza desean saber” y un buen sistema educativo–voluntariamente escogido por los padres– buscaría desarrollar en los estudiantes facultades cognitivas de observación, razonamiento y pensamiento creativo que les permitirían aprender.

Con tales habilidades, al ser expuestos a problemas relacionados a las distintas materias de estudio, podrían sacar sus propias conclusiones a partir de inferencias, inducciones, deducciones, entre otras. Incentivando así la curiosidad y el deseo de aprender, permitiéndole a cada quién llegar tan lejos como su capacidad se lo permita.

La solución no está en que el Estado cambie de sistema sino en que deje de intervenir en la educación. Los colegios privados tienen el legítimo derecho de manejar el pénsum y el estilo con el que deseen implementar para instruir a sus alumnos.

Entonces reflexionemos, ¿cuál es el medio correcto para educar a los niños y jóvenes? ¿será uno tipo fábrica en el que el aprendizaje es mecanizado y se estandariza la mente individual bajo un clima de control y orden estricto? ¿O un sistema de educación libre, basado en la naturaleza del hombre, que le permite a cada quien avanzar según su curiosidad y su habilidad, dejando que el alumno aprenda a usar su mente, entendiendo que tiene la capacidad de pensar?

 

El dominio de Cleptos

El presente artículo fue publicado el 27 de abril de 2015 en Estudiantes por la LibertadRat_de_Thief_WP

Hasta que por fin se rebalsó. Llegamos en Guatemala, a un momento crítico en el que si esta gota no derramaba el vaso, me hubiera atrevido a diagnosticar a los guatemaltecos, de una seria enfermedad psicológica de negación perpetua de la realidad.

En Guatemala, como en la mayor parte de países Latinoamericanos, vivimos bajo un sistema cleptocrático. Uno en el cual, aquellos que detentan el poder, no son nada más que una asociación institucionalizada de ladrones. El saqueo y la corrupción, son el motor que mueve los engranajes.

El último caso de corrupción liga a 22 funcionarios públicos, entre los que se encuentran el actual superintendente de administración tributaria y el ahora ex-secretario privado de la vicepresidente, a la dirección de “una agrupación que trabajaba con una tabla de impuestos paralela en aduanas que les dejaba por lo menos 375,000. 00 USD cada semana”. Al caso se le denominó “la línea” pues esta banda se ponía en contacto con importadores a través de una línea telefónica en la que negociaban un soborno para que al importador se le redujese el pago de impuestos.

El caso desató tanta indignación entre los guatemaltecos que el día sábado 25 de abril, más de 15 mil guatemaltecos realizaron un plantón pacífico en la Plaza de la Constitución, exigiendo la renuncia del presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidente Roxana Baldetti.

La manifestación, fue un verdadero ejercicio político de la sociedad civil, que le recordó a los mandatarios quienés son los que realmente mandan. Sin embrago, debemos entender que -como escribí en redes sociales- el problema va más allá de una renuncia. El problema es el sistema perverso, democrático y populista, que han legitimado los guatemaltecos durante años. El régimen cleptocrático y corrupto que hoy impera en Guatemala, no se elimina únicamente destronando al rey de turno.

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Miles de guatemaltecos exigiendo la renuncia de los mandatarios del organismo Ejecutivo.

La cleptocracia que impera en el Estado guatemalteco no se debe a la casualidad de que los políticos de turno sean unos gorrones deshonestos que pueblan el sector público. Si así fuese, simplemente bastaría con cambiarlos por otros. El problema es resultado de un sistema de perniciosos incentivos.

En primer lugar, el Estado, disfruta de un monopolio absoluto de la fuerza, sin un verdadero límite constitucional, con el que discrecionalmente puede arrebatar la propiedad de los individuos.

Por otro lado, el Estado, no somete sus resultados a quienes hacen posible su existencia y sus gastos no se rigen por un criterio de rentabilidad sino uno político, en el que se encumbra el gasto desmesurado, las fuentes ilegales de financiamiento y los contratos nepotistas. En otras palabras, aquellos que dirigen el Estado, jamás asumen sus errores en términos personales de responsabilidad patrimonial.

Así mismo, el sistema actual, ha hecho del Estado una institución que permite el cambio del color de partido, manteniendo intactos los puestos de poder. De esta forma, sirve con lealtad a todo régimen con el fin de permitirle servirse de quienes tributan.

Estos incentivos están presentes en la organización política de Guatemala y nos hacen recordar este segmento que escribió Ayn Rand en su novela La Rebelión de Atlas, “cuando advierta que para producir necesita obtener autorización de quienes no producen nada; cuando compruebe que el dinero fluye hacia quienes trafican no bienes, sino favores; cuando perciba que muchos se hacen ricos por el soborno y por influencias más que por el trabajo, y que las leyes no lo protegen contra ellos, sino, por el contrario son ellos los que están protegidos contra usted; cuando repare que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un auto sacrificio, entonces podrá, afirmar sin temor a equivocarse, que su sociedad está condenada.”

La cleptocracia en Guatemala es ya un vicio institucional. Indignados estamos todos y si no queremos seguir indignándonos cada cuatro años con el cambio de los regímenes, debemos elegir cuidadosamente a aquellos parlamentarios que estén dispuestos a limitar esa descomunal cuota de poder de la que disfrutan los burócratas de turno y a exigir el respeto irrestricto a los derechos individuales.

XI. No evadirás

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El presente artículo fue publicado en el diario elPeriódico el 11 de abril de 2015

 “Si no pagás tus impuestos sos un egoísta inmoral” “No pagar impuestos es una manifestación clara de codicia” “Tu obligación es tributarle al fisco”. Yo me pregunto ¿desde cuándo tributar se convirtió en un precepto divino?

 El culto a ese abstracto ente llamado Estado es ya tan habitual que muchos le han rendido su cuerpo y su mente, permitiéndole imponer un sistema de expoliación de capital que todo cártel desearía controlar. Seamos honestos, la diferencia entre este organismo que se alimenta de rentas parasíticas y un vil ladrón es la misma que existe entre una daga y un puñal. 

 Todo individuo es dueño de su cuerpo y de su mente. Aquello que sea fruto del esfuerzo de estas dos posesiones primaras le pertenece únicamente a él. Cuando alguien decide tomar ese producto por la fuerza, se llama robo. En el momento en que el Estado pasa a exigir parte de ese producto, negando el derecho del individuo a disfrutar de él, lo reduce a la condición de esclavo, pues ya ni su vida ni su propiedad le pertenecen. En otras palabras, le está robando, y el robo es robo independientemente de quién lo realice. 

 En una sociedad donde se respeten los derechos individuales, las personas estarán anuentes a ceder una porción de sus ingresos con el fin de que el Estado cuente con los recursos para garantizar la seguridad y la justicia. Para velar por que nadie viole el derecho a la libertad, vida o propiedad de otros. 

 “Pero ¿entonces cómo sufragaremos el Estado Benefactor?” Esa es la cuestión, la auto-arrogada monopolización de la solidaridad por parte de los políticos es el argumento que termina con la expropiación impositiva de la población. Este sistema en el que unos viven a costillas de otros necesita legalizar el robo para poder sustentarse. Régimen que conviene solamente al político sin escrúpulos, pues mantiene a los pobres en ese estado con el fin de perpetrarse en el poder, ya que siempre existirá quién necesite amamantarse de sus dádivas. 

 “Bueno pero no podrás negar que pagar tus impuestos es tu obligación por vivir en sociedad“. Una sociedad que desea vivir en paz no usa la fuerza para tomar dinero de unos y dárselo a otros, pues la base de la convivencia pacífica es el respeto. Si lo que deseamos es ser solidarios con otro ─escribí hace un tiempo─  debemos limitarnos al singular de la primera persona y no al plural de la tercera para usar el producto del trabajo ajeno. 

 Entendámoslo, pagar impuestos no es un precepto divino y no pagarlos es moralmente lícito. La única relación de obligatoriedad es espuriamente, de carácter legal y, mientras tales circunstancias no cambien, debemos ser prudentes, ya que como dijo Murray Rothbard: “los individuos deben tratar con el Estado como un enemigo que es, por el momento, más poderoso”.

Monstruoso Apetito Estatal

 

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Por José Fernando Orellana Wer

El presente artículo fue pubicado el 15/12/2014 en la página Web de Estudiantes por la Libertad.

 

Hace medio siglo, la novelista inglesa Taylor Caldwell publicó una obra literaria dedicada a la vida de uno de los más destacados políticos que han existido. En el libro “La Columna de Hierro”, la autora relata la historia del gran Senador Marco Tulio Cicerón, quién intentó salvar la República antes de que esta cayera en manos de quién la destruyó: el emperador Julio César. En este momento me viene a la memoria una importante cita del texto mencionado que dice así:

“Éste [Cicerón] se mostraba de acuerdo con él [Antonio] en que el presupuesto debe equilibrarse, el tesoro tendrá que volver a llenarse, la deuda pública debe ser disminuida, la arrogancia de los funcionarios debe ser moderada y controlada, y la ayuda a los pobladores de tierras extranjeras tendrá que eliminarse para que Roma no vaya a la bancarrota. El pueblo debe aprender nuevamente a trabajar, en lugar de vivir a costa de la República”.

No es por mera casualidad que recuerdo esta frase, sino porque hace poco en mi país, Guatemala, los parlamentarios aprobaron en menos de tres minutos, -sí, tres minutos-, elpresupuesto general para el financiamiento del gasto público del año que viene. Un presupuesto de aproximadamente USD $8,825 millones, cuya cuarta parte será financiada con emisión de deuda a través de bonos, préstamos y nuevos impuestos que afectarán principalmente a las personas de escasos recursos.
Por otro lado, los políticos se escudan detrás de una falacia que establece que la recaudación de tributos no es suficiente debido a la evasión fiscal y a la cantidad de individuos que trabajan en el sector “informal”, y que por tal motivo es necesario la aprobación de más endeudamiento. Frente a esto, yo me pregunto: ¿si lo recaudado no alcanza, por qué siguen incrementando el número de burócratas con la creación de nuevos e ineficientes ministerios, secretarías y otras pseudo-instituciones que necesitan cantidades despampanantes de personal y recursos? Digo que son ineficientes puesto que solamente contribuyen a alimentar el voraz clientelismo de la clase política de Guatemala y no benefician en casi nada (o en nada) a quienes están obligados a mantener esta estructura, los tributarios, grupo que está conformado sólo por el 10% de la población económicamente activa y que genera el 90% de los ingresos fiscales (según datos obtenidos por la Fundación para el Desarrollo de Guatemala); un grupo que se quedará igual o incluso disminuirá debido a que la aprobación de un presupuesto desfinanciado y de nuevos impuestos representa un incentivo para “salirse del sistema”.En Guatemala, el nivel de endeudamiento está a punto de sobrepasar el 26% sobre el PIB y esto se debe principalmente a que durante los últimos setenta años, Guatemala ha adoptado el modelo de gobierno de Estado Benefactor, que cada vez aferra más funciones para sí mismo. Con el afán de sufragar estas funciones que se han ido agregando ilegítimamente, año con año los guatemaltecos hemos visto cómo los burócratas van agrandando el presupuesto y con éste, el endeudamiento. Consecuentemente, cada año se destinan más fondos para el pago de esta deuda. Parece ya un círculo vicioso de nunca acabar.

Así mismo, los 106 parlamentarios que aprobaron este presupuesto, afectarán al sector más pobre de la población, puesto que serán ellos quienes tendrán que pagar dos nuevos tributos. El primero es un tributo sobre la distribución de cemento que incrementó de 1.5 quetzales a 5 quetzales por bolsa (de 0.20 USD a 0.63 USD). Éste es un impuesto que, a todas luces, no castigará tanto a grandes empresas constructoras sino a todas aquellas familias pobres que desean construir su casa. Por otro lado, se aprobó un impuesto a la telefonía que afectará a más del 50% de la población que posee un teléfono móvil, dado que aproximadamente 6 millones, de los 12 millones de guatemaltecos que poseen un teléfono celular, pagan solamente 5 quetzales al mes (0.63 USD) por el servicio. El nuevo impuesto que se decretó fue de la misma cantidad, es decir que para aquellos usuarios de bajos ingresos que solo pagan por el servicio la cantidad mencionada, el costo se duplicará a 10 quetzales (1.26 USD) dejándolos fuera del mercado. Este último impuesto no solo es dañino por lo establecido anteriormente sino porque pone en riesgo el estatus de libertad que poseía este sector comercial, caracterizándose por ser uno de los más libres (de impuestos y regulaciones) de toda América y la actividad más competitiva que existe en Guatemala.

A todo lo anterior vale agregar que una gran parte de este presupuesto servirá para pagar los estrafalarios salarios de los políticos guatemaltecos, además de la malversación y despilfarro que ya se volvió común, de otra parte y para sufragar funciones ilegítimas que promueve el Estado guatemalteco como todo buen estatista. Estado que vale la pena recordar, no produce absolutamente nada y les quita por la fuerza a los trabajadores, empresarios y creadores.

Tenemos ante nosotros a una Hidra de Lerna a la que cada cierto tiempo le crece otra cabeza debido a su voraz e insaciable apetito. Un Estado al que se debe poner un alto. La única vía que se puede tomar es la de limitar al mínimo el poder del que gozan actualmente los gobernantes, recordándoles que están para servir y no para servirse, y que su única función legítima es la de proteger la libertad, propiedad y vida de todos. Recordemos que como dijo Mises, “El gobierno no puede hacer al hombre más rico, pero sí puede hacerlo más pobre”.

 

 

 

La imagen ilustra a Hércules luchando contra una Hidra de Lerna. Fue tomada de Wikimedia Commons con fines ilustrativos.

¡Protesto!

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Por José Fernando Orellana Wer 

 El presente artículo fue publicado en la Web de  Guate Activa el 15/5/2014

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ace unos cuantos días la dirigencia popular salió a las calles a hacer lo que mejor sabe: utilizar la fuerza y la presión, para exigir la aprobación de más deuda,  la derogación de ciertas leyes y la creación de otras que tienen el mezquino objetivo de ampliar las prebendas para los de su grupo. Intentando dar legitimidad a un sistema “tipo bolchevique, en el cual las decisiones se toman en la calle, intimidando unos a otros (…)” como escribió el Dr. Manuel Ayau en su ensayo titulado Violencia y Democracia. 

Si bien es cierto,  todos tenemos derecho a protestar, es propio del ser humano manifestarse y expresarse libremente en contra de aquello que consideran injusto o incorrecto; el problema se genera cuándo se transgreden los derechos de terceros. 

Desde la pobre madre en Xela cuyo hijo murió en sus brazos cuando se dirigía al hospital, los  miles de trabajadores que no pudieron llegar a los lugares donde laboran, los agentes de seguridad que por hacer su trabajo fueron vapuleados  y los empresarios cuyas pérdidas, en conjunto, componen una cifra de varios ceros,  sufrieron de una violación a sus derechos de libertad, propiedad y vida. Pero hay de aquel que se atreva a manifestase contra los bloqueos organizados por la dirigencia popular porque si lo hace, los colectivos de extorsionistas le dirán que es un “criminalizador de la protesta social”. Pero no, lo que ellos hacen no es protesta, pues como continúa el Muso Ayau en su texto “ese derecho no incluye recurrir a la violencia, destruir derechos ajenos o intimidar a otros. 

Tampoco es un derecho pintarrajear ni impedir a otros utilizar las calles y carreteras, pues equivale a apropiarse por la fuerza de derechos y propiedad ajena. Las calles y carreteras son propiedad de todos y no de ningún grupo (…)”. 

 Dicho lo anterior, vale analizar qué es lo que estos grupos parasitarios  exigen. Dentro de todo lo que piden, resalta la derogación de la mal llamada Ley de Túmulos, la aprobación de  más endeudamiento y de la Ley para el “Desarrollo Rural”. Desmantelemos las exigencias una por una: 

 
La derogación de la  “Ley de Túmulos”.  Dicen los del Comité de Unidad Campesina que esta ley busca “criminalizar la protesta social”. Vaya si no les perjudica que los obstáculos que hay en la carretera sean removidos. 

 
La aprobación de 4 millardos de Quetzales en bonos del tesoro.  El tan usado Sindicato de Trabajadores de la Educación exige que sean comprometidos los ingresos futuros de los tributarios, puesto que son todos aquellos que pagan impuestos y los que están por empezar a pagarlos e incluso ni han nacido, quienes deberán saldar con el sudor de su frente, esta emisión de deuda. Mientras los gobernantes malgastan el dinero, los tributarios pagan los platos rotos. Lo peor es que a los políticos de turno y  a los profesionales de la Junta Monetaria les encanta la idea y les importan nada las consecuencias ominosas que sus decisiones tendrán en la economía de los guatemaltecos.

 

La Ley de Desarrollo Rural. La más aclamada de todas, es una política agraria que textualmente establece en su Artículo 10 que “democratizará el régimen de uso, tenencia, propiedad de la tierra, desincentivando su concentración”. En otras palabras, tiene el fin de someter la propiedad al criterio de los políticos de forma que estos puedan distribuirla a su sabor y antojo. La especie de política pública por la que lucharon las guerrillas marxistas-leninistas durante poco más de tres décadas del siglo pasado. 

“Indistintamente si se está de acuerdo o no, debe respetarse el debido proceso legislativo sin recurrir a las viejas prácticas bolcheviques. Inclusive, la expresión de rechazo sería más beneficiosa, tanto para los interesados como para el país, si se hiciera en forma verdaderamente pacífica, con argumentos coherentes, con propuestas concretas y especialmente con respeto al resto de la población”. Termina el Muso. 

 Las flagrantes violaciones cometidas por los colectivos la semana pasada generan en mí un deseo de protestar. ¡Protesto! ¡Protesto, y lo hago de forma pacífica,  contra la protesta que obstaculiza la libre locomoción de otros, daña la propiedad y atenta contra la vida! ¡Protesto contra las exigencias de la dirigencia popular que no les pueden ser concedidas sin cometer una injusticia a otro! ¡Protesto contra aquellos que buscan escudarse al afirmar que “sus acciones son culpa del congreso”! ¡Protesto contra aquellos líderes de la dirigencia popular que con afán se aprovechan de la ignorancia de algunos y les incentivan a confundir derechos con necesidades y a forzar a los demás de ocuparse de las obligaciones que a ellos pertenecen! ¡Protesto contra aquellos políticos pusilánimes y populistas que ceden ante los mecanismos de presión de los grupos parasitarios! ¡Protesto porque es la mayoría de los habitantes de nuestra nación los que pagan las consecuencias de las manifestaciones caprichosas de unos cuantos extorsionistas! ¡Protesto porque hay quienes no participan en hechos delictivos y desean salir adelante por sus propios medios y no se les es permitido por el berrinche de algunos! ¡Protesto en mi nombre y en el nombre de la gente pacífica y productiva! ¡Protesto, Protesto, Protesto!

La fotografía fue tomada del diario Prensa Libre e ilustra a un miembro del Comité de Unidad Campesina manifestando “pacíficamente”.

De piñata a bacanal

Por José Fernando Orellana Wer

El presente artículo fue publicado en la página Web de GUATE ACTIVA el 27 de octubre de 2014.

Escándalos aquí, desorden allá y caos por donde quiera que veamos. El gobierno de Guatemala ha caído tan bajo como para comparársele, ya no con una piñata sino con una perpetua fiesta bacanal. Entiéndase que la comparación se debe al carácter primitivo de la celebración, al desorden total que imperaba durante la temporada y por ser una festividad donde se planeaban muchas clases de crímenes y conspiraciones mezquinas. Allí donde lo vemos la comparación, lastimosamente, queda como anillo al dedo. Y es que el populismo es el traje de gala que portan los organizadores del jolgorio y es el culpable de haber tirado por la borda ya, la institucionalidad del Estado guatemalteco.

Pero, ¿por qué parece tan importante portar el populismo como traje de gala en esta celebración? La respuesta es bastante obvia: porque degrada al ciudadano ignorante al nivel de convertirlo en un adicto al paternalismo de quienes lo promueven. Transforma al ciudadano sin educación, en un ente servil que entregará sus derechos y su dignidad sin chistar palabra, a cambio de obtener algo que necesita en el momento.

Para muestra un botón: el causante de esa expresión de barbarie que se vivió el día martes 22 de octubre en las afueras del Palacio Legislativo, donde una turba fue dirigida por el oficialismo para boicotear el inicio de la sesión plenaria, no fue nada más que el populismo que apareció como un vendedor de droga ante el adicto, ofreciéndole a pobladores pusilánimes vender su dignidad y dejar fluir sus más bajos instintos a cambio de unos cuantos centavos y un almuerzo.

Pero el traje que suelen portar los políticos durante el bacanal corrompe no solo a gente ignorante sino que parece extender ese miserable atractivo por todos los estratos sociales. Algunos empresarios deciden dejar sus principios para poder volverse dependientes de las dádivas del Estado. La estrategia de estos vividores que ansían hacer dinero fácil, pasando por encima de la libre competencia, consiste en besarle los pies al populista de turno. Traduciéndose en favores que van desde la monopolización de mercados por decreto, impuestos especiales, entre muchas otras ocurrencias más.

Y esta parranda es de nunca acabar pues el mismo Estado se ve en la necesidad de aumentar su poder y burocracia para poder influenciar a más para que se les unan. Toda acción del Estado se convierte en un artilugio para intensificar el paternalismo clientelista, para incrementar ese juego en el que papá Estado le regala para obtener su voto a cambio, expresándose en unas futuras elecciones donde no se elije a quien gobernará mejor sino al que regalará más.

Por otro lado, no se puede dejar de fuera el discurso. El de los populistas participantes del desenfrenado culto al dios romano del placer Baco, quienes no disfrutan del placer carnal como en la festividad original, sino del placer de tener poder sobre otros. La oratoria de estos está plagada de inventiva, de promesas ridículas e imposibles y de victimización. Parafraseando a la activista guatemalteca Gloria Álvarez, en el discurso de los políticos latinoamericanos la razón y la lógica no tienen cabida. Ofrecen un túnel que atraviese la montaña, “pero aquí no hay montaña”, entonces pasan a prometerles la montaña. “Que mi negocio no funciona”, entonces también le prometen un subsidio, uno que será sufragado con el dinero que el populista dice que obtendrá del “rico, del que tiene, del explotador, del capitalista salvaje” pues las “mayorías explotadas, las masas, el pobre pueblo de Guatemala” se lo merecen. Insisto, discurso inventivo, falaz, ridículo y por sobre todo, victimizador. Como diría Orwell “intentan darle solidez al viento”.

Este desastre hay que pararlo. Pero ¿cómo terminar con esta adicción generalizada a apegarse al populismo? La respuesta está en reconocer que la evidencia empírica nos demuestra que lo único que un sistema de estos logra, es la generalización de la miseria, en darnos cuenta que más allá del discurso del político, sus intereses individuales siempre prevalecerán. Al populismo debemos combatirlo sin desmayo y con argumentos reducir el dañino paternalismo estatal. La tarea es una por la que vale la pena luchar y si aún no se convence pregúntese: ¿Cuál es la lógica de seguir implorando por un malvado líder que nos diga cómo vivir nuestras vidas y se aproveche de nosotros?

La imágen es una obra William-Adolphe Bouguereau titulada “La juventud de Baco”. Fue tomada de Wikimedia Commons