Una ley de aguas no es la solución

Publicado el 26 de febrero de 2016 en diario elPeriódico.

IMG_1214Escribió el pensador francés Frederic Bastiat que “los planes difieren, los planificadores son todos iguales” pues se caracterizan por su pretensión de omnipotencia y su convicción en que los decretos que promueven son la panacea para todo problema. El resultado sus políticas es evidente: los problemas se agravan o se mantienen perpetuamente sin solución.

Digo lo anterior pues a raíz del problema que se generó en Escuintla por la desviación de los ríos Madre Vieja y Achiguate hubo quienes volvieron a insistir en que la solución es una Ley General de Aguas.

Una propuesta que pretende crear una Superintendencia de aguas -una entidad burocrática más- para expandir el poder estatal de asignar arbitrariamente el uso de los recursos hídricos del país.

Es precisamente la “propiedad” gubernamental de los ríos la razón principal de los conflictos derivados de la contaminación y desvío de los mismos. Propiedad que no es verdadera propiedad, pues a pesar de que los políticos tienen la potestad para controlar el agua no pueden obtener su valor de capital mediante su venta, ni tienen acciones sobre este. En consecuencia, no existe ningún incentivo para que alguien tenga el interés de preservar el valor del mencionado recurso.

Aristóteles fue el primero en observar que el inconveniente con este tipo de recursos es que “existe poco interés por la propiedad común, porque cada uno piensa en sus intereses privados y cuida poco de los públicos” y como es natural en la acción humana, todos los que tengan acceso a este recurso derivaran de él la mayor ventaja posible y poco les importará velar por su conservación pues en el corto plazo no son ellos quienes deberán pagar el costo de hacerlo.

A este fenómeno fue al que el biólogo estadounidense Garreth Hardin denominó como “la tragedia de los comunes”.

Si dejamos de considerar este bien tan escaso y esencial para la supervivencia de todos los hombres como un bien público y lo consideramos como uno económico, sujeto a derechos de propiedad para regular su aprovechamiento, se crearían los incentivos necesarios para el fomento de la inversión, explotación, distribución y conservación del mismo.

En el libro ‘Mercados ambientales’, Terry Anderson escribe sobre diferentes países en los que este sistema de privatización de los recursos hídricos es una realidad. El mejor ejemplo es el de Escocia, en donde se han establecido derechos de propiedad claramente definidos, aplicables y trasferibles sobre los ríos de pesca para que los individuos puedan disponer de un determinado volumen del caudal y obtener un beneficio lucrativo al cobrar cuotas por el permiso de pescar o al distribuirla a un precio de mercado que como efecto produce un uso moderado de la misma.

Es momento de que cuestionemos la “solución” tradicional y empecemos a considerar la solución de libertad y de mercado.

 

 

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La piñata somos todos

El presente artículo fue publicado el 30 de enero de 2016 en elPeriódico de Guatemala.

giphySí, usted, yo y todos los individuos productivos de Guatemala nos hemos convertido en la piñata de los funcionarios públicos, que consideran tener el derecho de azotarnos y sacarnos “hasta el último dulce”.

Quienes nos han propinado palazo tras palazo no son sino los mismos saqueadores de siempre en sus distintas presentaciones.

La lista de vividores es kilométrica pero su método de saqueo por excelencia es el de los sindicatos y los pactos colectivos. Por mencionar tan solo un ejemplo, el pacto colectivo de trabajadores permanentes del Congreso y sus ahora tres sindicatos, que en total nos cuesta mensualmente más de 20 millones de Quetzales.

A diferencia del sector privado, en el que cada empresario debería tener el derecho de decidir si desea o no permitir la formación de sindicatos en su negocio, los sindicatos públicos y por ende, los pactos colectivos, no deberían  existir.

La firma de pactos colectivos y la autorización de sindicatos en los organismos del Estado se da por la amenaza de presión que ejercen sus agremiados. Presión que consiste en tomar medidas de hecho, violatorias de los derechos individuales de otros, como medios para alcanzar sus fines.

Es por lo anterior que la sindicalización es una negación de la contractualidad, el estado de cooperar de manera voluntaria bajo un contrato que los involucrados establecen cumplir para beneficio mutuo y en el que el empleado recibirá un a remuneración de acuerdo a sus méritos y productividad. En caso de que alguno de los involucrados falle, el contrato se da por finalizado y el afectado puede acudir a un tribunal en busca de justicia.

Pero la perversión más grande de los sindicatos públicos y los pactos colectivos radica en que tanto los agremiados como los burócratas realizan sus componendas con dinero que ninguno de ellos ha producido.

El incentivo del político para complacer a todos los sindicatos es que negociar con ellos y darles lo que caprichosamente exigen, representa un mantenimiento de su popularidad política. No es casualidad que Ministros y miembros de la junta directiva del Congreso firmen los pactos colectivos como si de firmar autógrafos se tratara.

La lesividad de los pactos y los sindicatos es evidente y la gran ausente es la Procuraduría General de la Nación.

A pesar de lo anterior, hay tecnócratas y políticos que se atreven a afirmar que Guatemala necesita un incremento en la recaudación, en la tasa impositiva y en el gasto público. Lo que no entienden, o no quieren entender, es que el problema no es ninguno de los anteriores sino el despilfarro del dinero de los tributarios. Recursos hay y la prueba es que alcanza para sobre-pagar 193 conserjes en el Congreso.

 “La gente empieza a darse cuenta de que el aparato del Estado es costoso. Lo que aún no ven es que el peso recae sobre ellos”

Frederic Bastiat

Tan negro como el humo

El presente artículo fue publicado el sábado 16 de enero de 2016 en elPeriódico de Guatemala.

 

Humo, buses,  vehiculos, contaminaci—n centro de San Salvador

Tan negro como el fétido humo que emana del escape de esa camioneta vieja, sucia, sobrecargada y de llantas gastadas, es el subsidio que la mantiene en funcionamiento.

No hay nada más nefasto que creerse con el derecho de sacrificar a otros para los propios fines y es eso meramente, el principio sobre el que se basa todo subsidio.

Pero más allá de su inmoralidad, los subsidios fomentan la improductividad y el empobrecimiento.

Es así como un campesino de San Marcos paga 10 Quetzales para trasladarse un aproximado de 7 kilómetros mientras un poblador de la Ciudad de Guatemala paga entre 3 y 4 Quetzales para recorrer poco más de esa distancia o 1 Quetzal para moverse una distancia indefinida en el caso del Transmetro.

La necesidad de un subsidio implica una rentabilidad nula de la actividad que se realiza y en consecuencia, el pago de un precio mayor al precio de mercado. El chivo expiatorio que deberá pagar el costo de ese abaratamiento es ese campesino y el resto de guatemaltecos que, aunque no hagan uso del transporte público subsidiado, lo están pagando con dinero que les ha sido quitado por la fuerza.

Manuel Ayau escribe que “las pérdidas de cada subsidio han sido cuantificadas en abundancia y no es necesario ver estudios, pues basta ver que si una actividad necesita de privilegios para subsistir no es rentable. ¡Y que fácil es ser empresario subsidiado!”

Es la competencia la que promueve el desarrollo y la búsqueda de alternativas para brindar un mejor, más eficiente y barato servicio. Por el contrario, el subsidio es el perverso incentivo principal para que los transportistas brinden un mediocre e inseguro servicio debido a que la competencia es inexistente y la renta ya la tienen asegurada.

Es momento de que entendamos que el gobierno es parte del problema del servicio de transporte público. Si queremos solucionar ese problema, se debe terminar con el subsidio y se deben liberar las rutas de paso. De esta forma la competencia se incrementaría pues cada transportista buscaría prestar el mejor servicio posible, al precio más barato, en la ruta que le plazca y habría servicio para toda demanda a diferente precio.

Cada transportista debe ser libre de cobrar el precio que desee y cada usuario de decidir que precio está dispuesto a pagar. Es una simple dinámica de mercado en la que ambas partes se relacionan una con otra de forma voluntaria y en la que no hay un tercero que deba pagar por los caprichos de un usuario que quiere un precio más bajo o un transportista que quiere cobrar un o más alto.

Son varios los retos para este nuevo gobierno y eliminar los subsidios es uno de ellos. Si bien es cierto que la decisión probablemente tendría un costo político alto ese costo pierde importancia si el cambio que se desea hacer es en pro de un sistema de justicia, libertad y productividad.

 

En una galaxia muy, muy lejana…

El presente artículo fue publicado el 5 de noviembre de 2015 en diario elPeriódico.

Star-Wars-Propaganda-Poster-RebellionSolo once días faltan para que se estrene el séptimo episodio de la saga de Star Wars. Una serie de películas que ha roto (y seguirá rompiendo) records financieros, que ha unido (y seguirá uniendo) a generaciones desde el estreno de la primera producción hace 38 años y que nos ha dejado (y espero que nos siga dejando) una gran lección en lo que se refiere a la defensa de una sociedad de personas libres.

Star Wars es la historia de una República en la que los caballeros Jedi son los defensores del orden y la paz. Son paladines de la defensa de los derechos individuales que velan por la “no agresión” y hacen uso de la fuerza únicamente en defensa propia y para proteger a los individuos cuando sus derechos están siendo irrespetados.

Sin embargo, en la República, también hay quienes ocupan cargos de poder público que desean utilizarlo para sus mezquinos intereses. Son miembros de la Orden Sith, una agrupación cuyo objetivo es la destrucción de la República para crear el Imperio Intergaláctico: un Estado con poderes ilimitados en donde la propiedad, vida y libertad de los habitantes de la galaxia quedarían a discreción de burócratas y militares.

Orquestada por los Sith, la Federación del Comercio -un ente de burócratas y mercantilistas- impone aranceles y bloquea las rutas de transporte entre planetas. Como el comercio representa la espina dorsal de toda república, debilitarlo es primordial para que los Sith alcancen su objetivo, pues sin intercambio libre o cooperación voluntaria no puede haber generación de riqueza y se imposibilita la prosperidad.

Con la institucionalidad al borde del colapso, los Sith inician el movimiento separatista para establecer el Imperio. Con la supuesta y aparentemente inocente intención de defender la República, el Senado vota a favor de la propuesta del Canciller de la República -un miembro infiltrado de la Orden Sith- de crear un gigantesco ejército armado y de conferirse a si mismo el poder ilimitado sobre este. Así, es como el Imperio establece sus bases sobre el poder discrecional en el que prevalece no la ley sino el capricho del hombre.

Tras una serie de guerras, la República cae y los caballeros Jedi empiezan a ser aniquilados ya que no es conveniente para el Imperio que existan defensores de la paz.

Los caballeros Jedi que aún siguen con vida promueven la creación de la Alianza para Restaurar la República, una alianza rebelde conformada por defensores de la libertad, representates de la moralidad de la desobediencia civil en la que los ciudadanos motivados por su propio interés, arriesgan todo por derrotar al Imperio desde adentro y reinstaurar la República.

Alegóricamente, podemos estar en uno de los dos lados para dar la batalla de las ideas: el de las Fuerzas Armadas Imperiales o el de la Alianza Rebelde.  Yo estoy del lado de la Alianza Rebelde y tu ¿de que lado estás?

 

De sanguijuelas y otros entes

El presente artículo fue publicado el 21 de noviembre de 2015 en elPeriódico de Guatemala.

giphyY entonces, el político con ínfulas de omnipotencia, cuya eterna administración se ha basado en el maquillaje y la jardinería, terminó su discurso diciendo:

“Quieren un país de primera, pagando impuestos de uno de tercera”.

Lo que vino después, fue un estruendo de aplausos emitidos por sujetos que pertenecían a su misma categoría, una clase de entes que únicamente se diferencian de las sanguijuelas por su aspecto físico y porque estos pequeños animalitos sí pueden llegar a tener una utilidad en la vida del hombre.

Según el diccionario monográfico del reino animal, las sanguijuelas son parásitos que “con sus mandíbulas, cortan la piel del huésped y extraen la sangre con una gran ventosa bucal. Cada vez que se alimentan aumentan de peso hasta diez veces”.

Metafóricamente, esta definición la comparten sindicalistas, burócratas, el 99.99% de individuos que ocupan cargos de poder público y otros grupos de interés, pues todos han acumulado fortunas no por su esfuerzo sino por favores, privilegios y el saqueo que ha sido legitimado en la pervertida ley.

Detrás de la actual crisis de salud, el común denominador es la clase sanguijuela en complicidad con todos aquellos ciudadanos que o no han tomado responsabilidad de su papel de mandantes o han respaldado el actual sistema benefactor-mercantilista, la incubadora de los parásitos.

La causa principal de la crisis es la esencia del Estado benefactor-mercantilista: el servilismo involuntario en el que unos trabajan para subvencionar las necesidades y caprichos de otros bajo la amenaza de cárcel si se oponen a ello.

Un sistema que desde que su popularidad se incrementó en Guatemala en 1944, estaba condenado al fracaso pues desde el momento en el que el gobierno puede disponer de la propiedad de los ciudadanos a su voluntad, la discrecionalidad de poder abunda y es allí donde nace la corrupción.

Al tener miles de millones de Quetzales a discreción, muchos funcionarios han realizado compras y contrataciones no a aquellos que se las ofrecen a un mejor precio, sino a los saqueadores que a cambio de firmar un contrato por un producto de muy mala calidad a un precio que raya en lo absurdo, les darán una jugosa comisión “de vuelta” por hacerlo.

Asimismo, otra de las causas de la crisis es la legislación que permite la existencia de sindicatos y pactos colectivos en el sector público. Margaret Thatcher les llamaba “el enemigo interior” pues únicamente son mafias que se encasquetan en sus puestos de trabajo, crean plazas fantasma y devengan un salario perpetuamente no por su productividad sino por la fuerza que ejercen para permanecer allí.

Es momento de que reconozcamos que un “un país de primera” no se logra cobrando más impuestos sino terminando con el malgasto, el despilfarro, el paternalismo y específicamente con la clase sanguijuela.

 

 

La prioridad NO es la SAT

El presente artículo fue publicado el sábado 7 de noviembre de 2015 en el diario elPeriódico.

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Cuando algunos “expertos” fueron consultados acerca de la prioridad de Jimmy Morales como mandatario electo para el período 2016-2020, indicaron que era reformar la SAT para incrementar la recaudación, es decir, otorgarle más poder a la principal entidad estatal encargada de violentar el derecho a la propiedad privada y perpetuar la pobreza en nuestro país.

Lo he expresado con anterioridad, la verdadera prioridad de todo gobierno (y la única razón que justifica su existencia) es la seguridad y justicia. Me refiero a garantizarle a cada individuo que sus derechos a la propiedad, libertad y vida no serán violados y que en caso lo sean, quien lo haga será sancionado por su actuar y compensará el agravio.

Para cumplir con las funciones en mención, se necesita de la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público, el INACIF, el sistema judicial y el penitenciario. Pero, ¿cómo va a ser posible para el gobierno ejecutar eficientemente ambas funciones si todos los organismos mencionados se encuentran, aunque en diferentes niveles, sumidos en el circulo vicioso de la corrupción?

La corrupción en este sistema se origina por dos razones. La primera tiene sus raíces en la legislación que convierte una acción que no afecta a terceros en malum prohibitum (mala por prohibición).

Al criminalizar acciones cuyas consecuencias no trascienden la esfera individual, se pone en manos del funcionario público un poder discrecional con el que podrá poner un precio al derecho del individuo a cometer su crimen sin victima, como por ejemplo, consumir o comercializar drogas.

El segundo afluente de la corrupción no se desvía de esta línea y no es nada más que el costo de oportunidad que representa para un policía, un fiscal, un investigador, entre otros, un mayor beneficio que cumplir con su deber a cabalidad. De forma más simple, bajo el sistema actual, para un agente de la PNC es más beneficioso ceder ante la “mordida” de un verdadero criminal (un agresor de la vida, propiedad o libertad), que capturarlo y entregarlo a las instancias correspondientes pues su trabajo no será debidamente remunerado.

¿Cómo eliminamos el “factor corrupción” de la ecuación?

Murray Rothbard lo describe de forma muy concisa en su libro Hacia una nueva libertad, “la manera de eliminar la corrupción policial es derogar las leyes que impiden el desempeño de las actividades voluntarias y penalizan los crímenes sin víctimas”. Así mismo, se debe dignificar con un buen salario el trabajo de los agentes de seguridad y justicia de forma que no cedan ante sobornos y así crear un círculo virtuoso en el que exista certeza de castigo -seguridad de que quién delinca pagará por su acción- pues se eliminan los incentivos perversos que corrompen a los funcionarios del sistema.

Entonces Jimmy: la seguridad y la justicia SÍ son la prioridad.

Sin Fronteras

El presente artículo fue publicado el sábado 24 de octubre de 2015 en el diario elPeriódico.

En este momento dale play al video que observas al inicio de este post. Es la grabación en tiempo real del planeta Tierra desde la Estación Espacial Internacional. ¿Observas alguna línea, muro o barrera que naturalmente divida los segmentos de tierra dentro de los bloques continentales? ¿No las ves? Yo tampoco. No existen y como especie humana no deberíamos necesitar ningún tipo de permiso para cruzar estas divisiones artificialmente concebidas.

A través de la historia, las civilizaciones han definido límites territoriales dentro de los que han establecido su respectiva jurisdicción. Pero estos límites únicamente se justifican en medida en que su objetivo sea la creación de las condiciones ideales para que cada individuo pueda prosperar. En otras palabras, el sistema jurídico-gubernamental de una nación es legítimo si y solo si su propósito es garantizar a cada quien el derecho a vivir, a poder disponer de si mismo y de los recursos que posee a su voluntad, y a disfrutar del producto de su esfuerzo y su cooperación con los demás miembros de su sociedad.

Sin embargo, lo mencionado anteriormente ha sido desvirtuado y quienes han detentado el poder político han utilizado la legislación para dar validez legal al imperio de pandillas de saqueadores protegidas constitucionalmente. Han manipulado masas con el fin de hacerles creer que el gobierno es “dueño” del país.

Partiendo de esa última premisa, los gobiernos han justificado toda medida para prohibir el libre ingreso de individuos provenientes de otras regiones al territorio bajo su jurisdicción, bloquear el libre intercambio de bienes y servicios entre ciudadanos de diferentes naciones e incluso someter con todo tipo de regulaciones a sus propios habitantes. Pero esta premisa no puede estar más alejada de la realidad, jurisdicción no es sinónimo de propiedad y cada persona tiene derechos como individuo, no como miembro de tal o cual nación. Tenemos derechos individuales, no en virtud de ser guatemaltecos, japoneses o australianos sino en virtud de ser humanos.

Si te interesa continuar la discusión sobre las fronteras que limitan la inmigración, de barreras que fomentan el estancamiento económico, de regulaciones que limitan tu expresión y de políticas que no permiten tu desarrollo individual, estás invitado a participar en la Conferencia Regional de Estudiantes por la Libertad Guatemala: Sin Fronteras.

Una tarde de foros, paneles y conferencias breves en las que expertos podrán compartir contigo todo lo que saben acerca de estos temas. Se llevará a cabo el sábado 7 de noviembre de a partir de las 14:30 hrs en el Teatro de Don Juan ubicado en la 7ma avenida 5-37 zona 1 de la Ciudad de Guatemala.