Fabricantes de miseria (I)

El presente artículo fue publicado el 16 de julio de 2016 en República.GT

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Por si usted aún no se ha enterado, uno de lo tantos grupos fabricantes de miseria (en esta ocasión congresistas del bloque Convergencia), presentaron la iniciativa de Ley de Moratoria Minera e Hidroeléctrica en la cual se propone la suspensión durante cinco años de la emisión de licencias hidroeléctricas, y de exploración y explotación minera para que sea el voto popular por medio de referendos el que decida si estos proyectos de inversión se quedan o se van.

Veamos pues cuales son las implicaciones de esta legislación de índole socialista que solo puede tener su origen en una mentalidad perversa y llena de envidia, o en el “mejor” de los casos, en el analfabetismo económico que lleva a muchos a actuar y proponer basándose únicamente en sus buenas intenciones.

La legitimidad de una inversión no se mide por la cantidad de personas que están de acuerdo con que esta se realice, es inmoral pretender que es el clamor popular el que debe decidir cuales son los fines para los cuales un individuo puede o no utilizar su dinero. Por el contrario, los únicos dos parámetros para juzgar la legitimidad de una inversión son: la productividad (y no los privilegios) como el origen de la riqueza invertida, y la realización de las actividades de inversión dentro de la esfera de los propios derechos individuales, es decir, sin lesionar los derechos de terceros.

Imagino yo que a los diputados de Convergencia les interesa, como a muchos entre los que me incluyo, lograr que Guatemala salga de ese estado de pobreza generalizada. Pero para la pobreza solo hay una solución: más inversión. Es únicamente a través de la generación de riqueza que los individuos salen de la pobreza pero para que se genere esa riqueza se necesita de personas dispuestas a invertir su dinero.

Una inversión es más atractiva entre menores son los riesgos que se corren al invertir. Sin embargo, este tipo de legislación colectivista es la materialización de ese constante rechazo a la inversión que existe en nuestro país que representa un riesgo más al que un empresario debería sobreponerse. Es precisamente esta una de las razones principales por las que a pesar de la abundante cantidad de recursos que hay en Guatemala, una gran parte de la población sigue viviendo en la pobreza.

“Es que los proyectos hidroeléctricos y la minería dejan muy poco al país”, es el slogan que los grupos de izquierda se han dedicado ha repetir. Esto no es ni por cerca cierto y si así lo fuera, ¿exactamente qué deberían dejar si son ellos quienes han arriesgado su propio capital sin la certeza de que su empresa tendrá éxito en el largo plazo y en el proceso han beneficiado a todos a su alrededor?

Los beneficios de la inversión realizada por las empresas mineras e hidroeléctricas son cuantiosos. A grandes rasgos, representan la creación de muchas plazas de empleo en lugares en los que quizá antes las personas vivían a base de agricultura de subsistencia, además del elemento accesorio que representa la creación de necesidades nuevas que han de ser suplidas y en el caso de la generación de energía hidroeléctrica, el abaratamiento general de la oferta de energía eléctrica que será mayor en la medida en que el potencial de la abundante hidrografía de Guatemala se aproveche.

En mi próxima entrada ahondaré con mayor profundidad en soluciones alternas a estas que proponen los fabricantes de miseria, alejadas del colectivismo y estatismo, basadas en la propiedad privada del subsuelo y derechos reales de aprovechamiento sobre el agua, para los conflictos suscitados por la realización de estas actividades tan provechosas para el bienestar de muchos guatemaltecos.

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Legislación a la Arbenz

El presente artículo fue publicado el 10 de octubre de 2015 en el diario elPeriódico.

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La época electoral es terreno fértil para la promoción de políticas populistas, la demagogia y el oportunismo relucen en el discurso de los candidatos mientras las propuestas consistentes y objetivas brillan por su ausencia. La candidata a la presidencia por el partido guatemalteco miembro de la Internacional Socialista, no perdió el tiempo y le pidió a sus secuaces que desarchivaran la iniciativa de Ley 4084.

Las treinta páginas de peligrosos y ambiguos sofismas socialistas que conforman la iniciativa se pueden sintetizar en que es una ley que busca la redistribución de las tierras, el control total del gobierno en la producción de alimentos y el incremento de la burocracia estatal. En otras palabras, es la especie de política pública por la que lucharon las guerrillas marxistas-leninistas durante el siglo pasado.

La propuesta inspirada en el Socialismo del Siglo XXI que hoy tiene a Venezuela en manos de un tirano y sumida en la escasez, promueve el saqueo a través de una reforma agraria en la que la tierra es expropiada de aquellos a los que legítimamente les pertenece para dársela a otros, bajo un perverso ideal de justicia social. Digo perverso pues el robo legalizado es una antítesis del concepto de justicia.

Por otro lado, establece que “el Estado define soberanamente la modalidad, época, tipo y calidad de la producción alimentaria (…) evitando toda competencia desleal (…) con alimentos cultural y socialmente pertinentes para la población.” Esta perversa ley pretende prohibir el libre intercambio entre individuos, negando el comercio de alimentos extranjeros más baratos o el cultivo de cualquier producto que no se adecue a los mecanismos de siembra y la dieta tradicional indígena.

Contrario al nombre de la iniciativa, esta ley no promueve el desarrollo sino la pobreza y el estancamiento, no solamente rural sino nacional. El único resultado de esta propuesta sería la creación de microeconomías de subsistencia similares a las de la época feudal en la que cada uno tendría una pequeña parcela de tierra en la que podría producir únicamente lo que funcionarios del gobierno consideren “culturalmente pertinente”.

Los únicos que saldrían beneficiados serían todos los burócratas que se contratarían para trabajar en el Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral. Es decir, un grupo de parásitos que se dedicarían a transar favores y privilegios.

De llegarse a aprobar, los guatemaltecos podrán agradecerle al CUC, la CONIC, la UASP, a Alvaro Ramazzini, a los diputados, a la cooperación de Suiza y Bélgica, entre otros vividores, por promover la perpetuación de la miseria.

Bien dijo el economista F.A. Hayek que “nuestro problema consiste en crear condiciones que sean favorables al progreso, pero no en planificar el progreso.(…)Una política de libertad es la única verdaderamente progresiva”.

¿Y después qué?

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Nos encontramos en uno de los momentos más turbulentos en la historia reciente de Guatemala. Un General corrupto, con un proceso de antejuicio en su contra, que no acepta su despido; una ex-vicemandataria en prisión y ligada a proceso penal por dirigir, junto al General, una banda criminal; una lista enorme de diputados tránsfugas, corruptos e inescrupulosos que lucran de transar favores dentro del parlamento; unas elecciones que se aproximan con candidatos demagogos y populistas; organismos gubernamentales plagados por funcionarios y sindicatos que viven del “Estado botín”…

A causa de todo lo anterior, los guatemaltecos llegamos al punto del hartazgo y nos hemos manifestado desde hace más de 120 días en contra de la injusticia, la corrupción y el latrocinio.

El anhelo generalizado del momento es que los diputados retiren la inmunidad al General, que este renuncie y luego sea juzgado junto a la ex-vicepresidente y los condenen a prisión. Pero hay una pregunta que muchos no se han realizado o han preferido no hacer debido a la incertidumbre que suele generar el no tener una respuesta concreta: ¿Y DESPUÉS QUÉ?

Uno de los primeros pasos que tenemos que dar es el de pasar de tener un estado de legalidad a un Estado de Derecho. La situación actual habla por si sola, tener 70 mil leyes no ha evitado ni la corrupción, ni la inseguridad. Es muy distinto tener una lista de normas que justifican cualquier actuar por parte del gobierno, a un sistema de reglas claras, objetivas y justas que limitan el poder de los gobernantes y garantizan la igualdad ante la ley.

Así, se reduciría sustancialmente la corrupción pues se elimina la discrecionalidad de poder que disfrutan los burócratas y que les permite utilizar individuos y fondos públicos a su merced. En la misma línea, se fortalecería la justicia ya que el mencionado sistema de reglas consolida la institucionalidad y consecuentemente asegura la certeza de castigo para quien violente una de ellas.

Al mismo tiempo, se debe reducir y priorizar el gasto público. El objetivo es doble. Por un lado, se minimiza la expoliación ilegítima del fruto del trabajo de individuos productivos, respetando su derecho individual a la propiedad privada. Por otro, se controla el tamaño del Estado limitándolo a encargarse de sus funciones esenciales de seguridad y justicia.

Por último, pero no menos importante, el gobierno debe garantizar la prevalencia de la libertad de cada individuo para que pueda vivir en paz, cooperar voluntariamente y generar riqueza.

De la respuesta que demos a la pregunta dependerá la ruta de nuestro destino. Cada quién es libre de responderla conforme a sus propios juicios de valor. Sin embargo, todos debemos tener claro que no podemos clamar contra la corrupción mientras le pedimos al gobierno que siga creciendo y absorbiendo más funciones y recursos.

La receta

El presente artículo fue publicado el 16 de mayo de 2015 en el diario elPeriódico.

60,000 guatemaltecos reunidos en la Plaza de la Constitución el 16 de mayo de 2015.

60,000 guatemaltecos reunidos en la Plaza de la Constitución el 16 de mayo de 2015.

La siguiente es la receta favorita de la mayoría de guatemaltecos:

  1. Vote por el candidato a presidente que más le ofrezca, que le toca o que le parezca menos malo.
  2. Enfádese por cada barrabasada que realice el delincuente que usted colocó en el poder.
  3. Laméntese cuando el período concluya.
  4. Repita cada cuatro años y acostúmbrese.

Así se resume lo que han hecho año con año desde que inició la famosa democratización de nuestro país. El ciclo es interminable debido a la tendencia a cometer el mismo ¿error? una y otra vez. Tenía razón José Milla cuando escribió que el guatemalteco tiene dos grandes defectos, el ser “apático y costumbrero”.

Es de aplaudir el hecho de que la apaticidad ha ido disminuyendo paulatinamente. A raíz de los últimos escándalos, los ciudadanos se han mostrado anuentes a contarles las costillas a los funcionarios públicos, nuestros empleados.

Sin embargo, lo costumbrero sigue formando parte de la lista de vicios y es imperativo que lo eliminemos lo más pronto posible. La indignación no debe ser un paso más en la receta a la que nos hemos habituado. Podemos dejar de ser ese alcohólico que ansía salir de su condición mientras que continúa consumiendo la bebida que tanto daño le hace.

No sirve de absolutamente nada que salgamos a manifestar si en las próximas elecciones les daremos el poder a aquellos que, como buenos parásitos, se alimentarán de los tributos de los guatemaltecos, como lo han hecho los funcionarios del actual gobierno, a quienes hace cuatro años se les apodaba como los menos peores.

La indignación actual debe ser un catalizador de cambio. Aquellos intelectualmente honestos reconocerán que la causa de la crisis actual es el poder discrecional del que disfrutan los políticos que detentan el poder. Los guatemaltecos han dado legitimidad a un sistema de normas en el que, parafraseando a Protágoras, el gobierno se ha convertido en la medida de todas las cosas.

Si lo que buscamos es salir de esta crisis, en las próximas elecciones no votemos por ninguno de esos que nos prometan, al mejor estilo de un mesías salvador, que nos bajarán el cielo, el sol y las estrellas para que podamos llevar una vida plena. Tampoco lo hagamos por aquel al que consideramos el menos peor, simplemente sería una forma de continuar aplicando la receta.

Acuda a las urnas y vote por aquellos candidatos a parlamentarios que estén dispuestos a cambiar las normas; a establecer un gobierno a la medida de una constitución de leyes generales, universales y abstractas que limite el poder irrestricto del que gozan los funcionarios y que garantice, por encima de todo, el derecho a la vida, propiedad y libertad de cada individuo.

Que la manifestación de hoy sea una muestra más de que estamos dispuestos a terminar, de una vez por todas, con la receta.

 

 

 

¡Protesto!

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Por José Fernando Orellana Wer 

 El presente artículo fue publicado en la Web de  Guate Activa el 15/5/2014

H

ace unos cuantos días la dirigencia popular salió a las calles a hacer lo que mejor sabe: utilizar la fuerza y la presión, para exigir la aprobación de más deuda,  la derogación de ciertas leyes y la creación de otras que tienen el mezquino objetivo de ampliar las prebendas para los de su grupo. Intentando dar legitimidad a un sistema “tipo bolchevique, en el cual las decisiones se toman en la calle, intimidando unos a otros (…)” como escribió el Dr. Manuel Ayau en su ensayo titulado Violencia y Democracia. 

Si bien es cierto,  todos tenemos derecho a protestar, es propio del ser humano manifestarse y expresarse libremente en contra de aquello que consideran injusto o incorrecto; el problema se genera cuándo se transgreden los derechos de terceros. 

Desde la pobre madre en Xela cuyo hijo murió en sus brazos cuando se dirigía al hospital, los  miles de trabajadores que no pudieron llegar a los lugares donde laboran, los agentes de seguridad que por hacer su trabajo fueron vapuleados  y los empresarios cuyas pérdidas, en conjunto, componen una cifra de varios ceros,  sufrieron de una violación a sus derechos de libertad, propiedad y vida. Pero hay de aquel que se atreva a manifestase contra los bloqueos organizados por la dirigencia popular porque si lo hace, los colectivos de extorsionistas le dirán que es un “criminalizador de la protesta social”. Pero no, lo que ellos hacen no es protesta, pues como continúa el Muso Ayau en su texto “ese derecho no incluye recurrir a la violencia, destruir derechos ajenos o intimidar a otros. 

Tampoco es un derecho pintarrajear ni impedir a otros utilizar las calles y carreteras, pues equivale a apropiarse por la fuerza de derechos y propiedad ajena. Las calles y carreteras son propiedad de todos y no de ningún grupo (…)”. 

 Dicho lo anterior, vale analizar qué es lo que estos grupos parasitarios  exigen. Dentro de todo lo que piden, resalta la derogación de la mal llamada Ley de Túmulos, la aprobación de  más endeudamiento y de la Ley para el “Desarrollo Rural”. Desmantelemos las exigencias una por una: 

 
La derogación de la  “Ley de Túmulos”.  Dicen los del Comité de Unidad Campesina que esta ley busca “criminalizar la protesta social”. Vaya si no les perjudica que los obstáculos que hay en la carretera sean removidos. 

 
La aprobación de 4 millardos de Quetzales en bonos del tesoro.  El tan usado Sindicato de Trabajadores de la Educación exige que sean comprometidos los ingresos futuros de los tributarios, puesto que son todos aquellos que pagan impuestos y los que están por empezar a pagarlos e incluso ni han nacido, quienes deberán saldar con el sudor de su frente, esta emisión de deuda. Mientras los gobernantes malgastan el dinero, los tributarios pagan los platos rotos. Lo peor es que a los políticos de turno y  a los profesionales de la Junta Monetaria les encanta la idea y les importan nada las consecuencias ominosas que sus decisiones tendrán en la economía de los guatemaltecos.

 

La Ley de Desarrollo Rural. La más aclamada de todas, es una política agraria que textualmente establece en su Artículo 10 que “democratizará el régimen de uso, tenencia, propiedad de la tierra, desincentivando su concentración”. En otras palabras, tiene el fin de someter la propiedad al criterio de los políticos de forma que estos puedan distribuirla a su sabor y antojo. La especie de política pública por la que lucharon las guerrillas marxistas-leninistas durante poco más de tres décadas del siglo pasado. 

“Indistintamente si se está de acuerdo o no, debe respetarse el debido proceso legislativo sin recurrir a las viejas prácticas bolcheviques. Inclusive, la expresión de rechazo sería más beneficiosa, tanto para los interesados como para el país, si se hiciera en forma verdaderamente pacífica, con argumentos coherentes, con propuestas concretas y especialmente con respeto al resto de la población”. Termina el Muso. 

 Las flagrantes violaciones cometidas por los colectivos la semana pasada generan en mí un deseo de protestar. ¡Protesto! ¡Protesto, y lo hago de forma pacífica,  contra la protesta que obstaculiza la libre locomoción de otros, daña la propiedad y atenta contra la vida! ¡Protesto contra las exigencias de la dirigencia popular que no les pueden ser concedidas sin cometer una injusticia a otro! ¡Protesto contra aquellos que buscan escudarse al afirmar que “sus acciones son culpa del congreso”! ¡Protesto contra aquellos líderes de la dirigencia popular que con afán se aprovechan de la ignorancia de algunos y les incentivan a confundir derechos con necesidades y a forzar a los demás de ocuparse de las obligaciones que a ellos pertenecen! ¡Protesto contra aquellos políticos pusilánimes y populistas que ceden ante los mecanismos de presión de los grupos parasitarios! ¡Protesto porque es la mayoría de los habitantes de nuestra nación los que pagan las consecuencias de las manifestaciones caprichosas de unos cuantos extorsionistas! ¡Protesto porque hay quienes no participan en hechos delictivos y desean salir adelante por sus propios medios y no se les es permitido por el berrinche de algunos! ¡Protesto en mi nombre y en el nombre de la gente pacífica y productiva! ¡Protesto, Protesto, Protesto!

La fotografía fue tomada del diario Prensa Libre e ilustra a un miembro del Comité de Unidad Campesina manifestando “pacíficamente”.

De piñata a bacanal

Por José Fernando Orellana Wer

El presente artículo fue publicado en la página Web de GUATE ACTIVA el 27 de octubre de 2014.

Escándalos aquí, desorden allá y caos por donde quiera que veamos. El gobierno de Guatemala ha caído tan bajo como para comparársele, ya no con una piñata sino con una perpetua fiesta bacanal. Entiéndase que la comparación se debe al carácter primitivo de la celebración, al desorden total que imperaba durante la temporada y por ser una festividad donde se planeaban muchas clases de crímenes y conspiraciones mezquinas. Allí donde lo vemos la comparación, lastimosamente, queda como anillo al dedo. Y es que el populismo es el traje de gala que portan los organizadores del jolgorio y es el culpable de haber tirado por la borda ya, la institucionalidad del Estado guatemalteco.

Pero, ¿por qué parece tan importante portar el populismo como traje de gala en esta celebración? La respuesta es bastante obvia: porque degrada al ciudadano ignorante al nivel de convertirlo en un adicto al paternalismo de quienes lo promueven. Transforma al ciudadano sin educación, en un ente servil que entregará sus derechos y su dignidad sin chistar palabra, a cambio de obtener algo que necesita en el momento.

Para muestra un botón: el causante de esa expresión de barbarie que se vivió el día martes 22 de octubre en las afueras del Palacio Legislativo, donde una turba fue dirigida por el oficialismo para boicotear el inicio de la sesión plenaria, no fue nada más que el populismo que apareció como un vendedor de droga ante el adicto, ofreciéndole a pobladores pusilánimes vender su dignidad y dejar fluir sus más bajos instintos a cambio de unos cuantos centavos y un almuerzo.

Pero el traje que suelen portar los políticos durante el bacanal corrompe no solo a gente ignorante sino que parece extender ese miserable atractivo por todos los estratos sociales. Algunos empresarios deciden dejar sus principios para poder volverse dependientes de las dádivas del Estado. La estrategia de estos vividores que ansían hacer dinero fácil, pasando por encima de la libre competencia, consiste en besarle los pies al populista de turno. Traduciéndose en favores que van desde la monopolización de mercados por decreto, impuestos especiales, entre muchas otras ocurrencias más.

Y esta parranda es de nunca acabar pues el mismo Estado se ve en la necesidad de aumentar su poder y burocracia para poder influenciar a más para que se les unan. Toda acción del Estado se convierte en un artilugio para intensificar el paternalismo clientelista, para incrementar ese juego en el que papá Estado le regala para obtener su voto a cambio, expresándose en unas futuras elecciones donde no se elije a quien gobernará mejor sino al que regalará más.

Por otro lado, no se puede dejar de fuera el discurso. El de los populistas participantes del desenfrenado culto al dios romano del placer Baco, quienes no disfrutan del placer carnal como en la festividad original, sino del placer de tener poder sobre otros. La oratoria de estos está plagada de inventiva, de promesas ridículas e imposibles y de victimización. Parafraseando a la activista guatemalteca Gloria Álvarez, en el discurso de los políticos latinoamericanos la razón y la lógica no tienen cabida. Ofrecen un túnel que atraviese la montaña, “pero aquí no hay montaña”, entonces pasan a prometerles la montaña. “Que mi negocio no funciona”, entonces también le prometen un subsidio, uno que será sufragado con el dinero que el populista dice que obtendrá del “rico, del que tiene, del explotador, del capitalista salvaje” pues las “mayorías explotadas, las masas, el pobre pueblo de Guatemala” se lo merecen. Insisto, discurso inventivo, falaz, ridículo y por sobre todo, victimizador. Como diría Orwell “intentan darle solidez al viento”.

Este desastre hay que pararlo. Pero ¿cómo terminar con esta adicción generalizada a apegarse al populismo? La respuesta está en reconocer que la evidencia empírica nos demuestra que lo único que un sistema de estos logra, es la generalización de la miseria, en darnos cuenta que más allá del discurso del político, sus intereses individuales siempre prevalecerán. Al populismo debemos combatirlo sin desmayo y con argumentos reducir el dañino paternalismo estatal. La tarea es una por la que vale la pena luchar y si aún no se convence pregúntese: ¿Cuál es la lógica de seguir implorando por un malvado líder que nos diga cómo vivir nuestras vidas y se aproveche de nosotros?

La imágen es una obra William-Adolphe Bouguereau titulada “La juventud de Baco”. Fue tomada de Wikimedia Commons

La solución no es “Despistolizar”

El presente artículo fue publicado en Guate Activa el 9 de septiembre de 2014

Mientras el ojo del huracán mediático se encuentra en el caso de Lima Oliva,  se le ha hecho poco énfasis a las peligrosas declaraciones vertidas por el Ministro de Gobernación López Bonilla hace unos días. El señor ministro explícitamente dijo que “se deben sacar todas las armas del escenario para detener la violencia. El eje principal para terminar con la delincuencia es DESPISTOLIZAR a los guatemaltecos”. Aclaro, el termino despistolizar no existe en la Real Academia Española, sin embargo, podemos interpretar que se refiere a desarmar totalmente a la población.

Recurrir al inefectivo remedio de siempre: pasar una ley. Como si los delincuentes, que son quienes hacen mal uso de estas armas, fuesen obedientes y acaten toda ley que se promulgue. Esta ley es peligrosa por el simple hecho de que desarma a los ciudadanos correctos y deja las armas en manos de los delincuentes. El derecho a la defensa propia es esencial, especialmente en un país como el nuestro dónde hay sicarios y asesinos por doquier. Es necesario que entendamos que lo peligroso no son las armas sino algunas personas que las utilizan. Los asesinos no piensan en una ley que prohíbe el uso de armas cuando matan y por el contrario, se aprovechan de estas leyes para atacar a ciudadanos que ante el inminente peligro no pueden defenderse.

Decía Cesar Beccaria —precursor del derecho penal— que la prohibición de contar con armas es lo mismo que “prohibir el uso del fuego porque quema o el agua porque ahoga. Las leyes que prohíben el uso de armas son de la misma naturaleza: desarman a quienes no están inclinados a cometer crímenes. Leyes de ese tipo hacen las cosas más difíciles para los asaltados y más fáciles para los asaltantes, sirven para estimular el homicidio en lugar de prevenirlo ya que un hombre desarmado puede ser asaltado con más seguridad por el asaltante”.

Por otro lado, no fue meramente por pura casualidad que en la Cuba de los Castro, la Alemania Nazi, la Rusia de Stalin, la Italia fascista, la China de Mao, entre muchos otros gobiernos opresores, lo primero que se hizo fue prohibir la tenencia de armas. ¿Qué mejor que tener a la población desarmada para que no se pueda revelar?

Pero pongámonos en el caso de que la prohibición no es con el fin de poder oprimir a la población sino con la “buena intención” de reducir la delincuencia. La evidencia nos demuestra que esta política no ha funcionado. A continuación tres ejemplos:

 Gran Bretaña, 1997. La portación de armas se prohíbe totalmente. La         violencia por armas de               fuego se ha incrementado un 40% desde aquel     entonces.

   La NAS (Academia Nacional de Ciencias de EEUU)   analizó 253 estudios             académicos, 100                   libros y 43 diarios          estatales que            contenían, entre       todas, 80 medidas para la     prohibición          de armas de fuego   dentro de       territorio norteamericano. Les fue imposible                 identificar una sola  regulación que haya reducido la violencia,        el crimen o los       suicidios.

 Australia. Doce años tras la implementación de el decreto que prohibía la             portación de                     armas, la revista TIME, reportó que “fue un desperdicio de           dinero público y no ha logrado                   diferencia alguna en la tasa de muertes             relacionadas a las armas”.

Por el contrario, Suiza e Israel ocupan el primer puesto en cuanto a la portación de armas se refiere y se encuentran entre los países con los niveles más bajos de crimen.      

Se puede decir entonces, que desarmar a la población civil es contraproducente si el fin es reducir el índice de violencia en la nación. Por otro lado, se fomentaría el crecimiento del mercado negro de armas sin controles de quienes las pueden llegar a poseer  y se violaría el derecho básico a defendernos ante el uso de la fuerza física por parte de otros, utilizando un arma de fuego. Una DESPISTOLIZACIÓN como la que el señor ministro propone, le facilitaría el trabajo a los delincuentes al disminuir la capacidad de defensa por parte de las víctimas.

Esperemos pues, que no caigamos en los mismos errores de siempre y que los gobernantes entiendan que la delincuencia se combate acabando con la impunidad, no multiplicando las leyes.