Infulas de Santa Claus

“No intentes ocultarte de él pues siempre te vera, él sabe de ti, él sabe de mi, él lo sabe todo no intentes huir. Santa Claus llego a la ciudad”.

¿Irá a ser Santa Claus quien vendrá a la ciudad o la SAT la que llegará a tu celular?

A la sazón de la temporada, los políticos decidieron imitar al señor barbudo de traje rojo que cada Navidad visita a los niños a los que estuvo controlando de manera omnisciente durante todo el año para traerles obsequios que los alegrarán. Con el mismo fin de observar constantemente el comportamiento de las personas, pero no para traerles felicidad, los parlamentarios, dentro de la Ley del Presupuesto General para 2015 aprobaron un artículo que establece que “la Superintendencia de Administración Tributaria tendrá la libertad de activar un dispositivo para monitorear las llamadas, mensajes de voz y de texto, videos y fotografías (…)”. Lo anterior autoriza al gobierno de Guatemala, a través de la SAT, a entrometerse intrusivamente en los dispositivos móviles de los individuos sin necesidad de orden de juez. Los parlamentarios pretenden que los ciudadanos guatemaltecos nos sometamos a un estado vigilante para ver “quién se porta bien y quién se porta mal”.

A eso solo se le puede llamar de una forma…ABUSO. Es una flagrante violación al derecho a la libertad y consecuentemente a la privacidad, el permitirle al Estado obtener información directamente de los celulares de los habitantes de Guatemala sin orden judicial previa. Y lo que es peor, es que la entidad a la que se autoriza realizar actos de espionaje es nada más y nada menos que a la SAT. De no ser revocada por la Corte de Constitucionalidad, esta medida le garantizará a esta institución la continuidad de la cacería de brujas que han emprendido en contra de aquellos que honradamente trabajan y producen. No es más que una ley arbitraria que se utilizaría para hostigar a aquellos que viven del fruto de sus logros.

Este tipo de leyes a la Santa Claus tienen su origen en los impuestos, en el uso de la fuerza para tomar dinero ajeno. Los políticos son muy audaces en idear nuevas formas para seguir exprimiendo a aquellos que son expoliados de lo que les pertenece, porque para ellos los tributarios son maquinitas de hacer dinero. En este caso lo que idearon fue permitirse fisgonear dentro de la información de los ciudadanos para poder encontrar posibles irregularidades en la tributación y por ende, poder obtener más dinero de forma coercitiva. Esto con el fin de mantener el ritmo de crecimiento acelerado del insostenible Estado Benefactor.

Por otro lado, este tipo de tácticas son utilizadas por los políticos con ínfulas de Santa Claus debido a que de otra forma no les alcanzaría tampoco para poder realizar sus convivios de fin de año, mientras el sistema de justicia está al borde del colapso; no podrían regalarse entre sus compinches televisores de cuarenta y dos pulgadas, mientras los policías no tienen recursos para la gasolina de las radio patrullas; no podrían pagar por sus lujosos viajes por el mundo, mientras un hospital para enfermos mentales está en condiciones infrahumanas. Sin leyes que busquen exprimir por cualquier medio a los guatemaltecos, en este caso por medio del espionaje, los políticos no tendrían para despilfarrar.

En fin, habrá que esperar a que el año que viene la Corte de Constitucionalidad resuelva conforme a derecho y revoque esta disposición que ya es de las últimas movidas de este gobierno. Un gobierno que pasó de forma tan fugaz como el trineo de Santa Claus en Noche Buena. En este corto lapso de cuatro años, lo bueno que los gobernantes pudieron hacer por el bienestar de todos no lo hicieron. Al contrario, todos los partidos políticos traicionaron a quienes les otorgaron el derecho de ejercer el poder y solamente hicieron más complicada la vida en Guatemala para aquellos que producen y crean. A pesar de todo lo anterior, soy optimista y tengo la esperanza de que en un futuro incierto, la situación va a mejorar para aquellos individuos responsables y respetuosos. Así que, disfrutemos de la existencia, preparémonos para enfrentar utilizando la razón los retos de un año que está a punto de comenzar y recordemos que solo nosotros podemos cambiar la realidad en la que vivimos.

La imágen fue tomada de el sitio web Deviantart con fines ilustrartivos. Hace alusión al Gran Hermano de la novela 1984 de George Orwell.

¡Protesto!

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Por José Fernando Orellana Wer 

 El presente artículo fue publicado en la Web de  Guate Activa el 15/5/2014

H

ace unos cuantos días la dirigencia popular salió a las calles a hacer lo que mejor sabe: utilizar la fuerza y la presión, para exigir la aprobación de más deuda,  la derogación de ciertas leyes y la creación de otras que tienen el mezquino objetivo de ampliar las prebendas para los de su grupo. Intentando dar legitimidad a un sistema “tipo bolchevique, en el cual las decisiones se toman en la calle, intimidando unos a otros (…)” como escribió el Dr. Manuel Ayau en su ensayo titulado Violencia y Democracia. 

Si bien es cierto,  todos tenemos derecho a protestar, es propio del ser humano manifestarse y expresarse libremente en contra de aquello que consideran injusto o incorrecto; el problema se genera cuándo se transgreden los derechos de terceros. 

Desde la pobre madre en Xela cuyo hijo murió en sus brazos cuando se dirigía al hospital, los  miles de trabajadores que no pudieron llegar a los lugares donde laboran, los agentes de seguridad que por hacer su trabajo fueron vapuleados  y los empresarios cuyas pérdidas, en conjunto, componen una cifra de varios ceros,  sufrieron de una violación a sus derechos de libertad, propiedad y vida. Pero hay de aquel que se atreva a manifestase contra los bloqueos organizados por la dirigencia popular porque si lo hace, los colectivos de extorsionistas le dirán que es un “criminalizador de la protesta social”. Pero no, lo que ellos hacen no es protesta, pues como continúa el Muso Ayau en su texto “ese derecho no incluye recurrir a la violencia, destruir derechos ajenos o intimidar a otros. 

Tampoco es un derecho pintarrajear ni impedir a otros utilizar las calles y carreteras, pues equivale a apropiarse por la fuerza de derechos y propiedad ajena. Las calles y carreteras son propiedad de todos y no de ningún grupo (…)”. 

 Dicho lo anterior, vale analizar qué es lo que estos grupos parasitarios  exigen. Dentro de todo lo que piden, resalta la derogación de la mal llamada Ley de Túmulos, la aprobación de  más endeudamiento y de la Ley para el “Desarrollo Rural”. Desmantelemos las exigencias una por una: 

 
La derogación de la  “Ley de Túmulos”.  Dicen los del Comité de Unidad Campesina que esta ley busca “criminalizar la protesta social”. Vaya si no les perjudica que los obstáculos que hay en la carretera sean removidos. 

 
La aprobación de 4 millardos de Quetzales en bonos del tesoro.  El tan usado Sindicato de Trabajadores de la Educación exige que sean comprometidos los ingresos futuros de los tributarios, puesto que son todos aquellos que pagan impuestos y los que están por empezar a pagarlos e incluso ni han nacido, quienes deberán saldar con el sudor de su frente, esta emisión de deuda. Mientras los gobernantes malgastan el dinero, los tributarios pagan los platos rotos. Lo peor es que a los políticos de turno y  a los profesionales de la Junta Monetaria les encanta la idea y les importan nada las consecuencias ominosas que sus decisiones tendrán en la economía de los guatemaltecos.

 

La Ley de Desarrollo Rural. La más aclamada de todas, es una política agraria que textualmente establece en su Artículo 10 que “democratizará el régimen de uso, tenencia, propiedad de la tierra, desincentivando su concentración”. En otras palabras, tiene el fin de someter la propiedad al criterio de los políticos de forma que estos puedan distribuirla a su sabor y antojo. La especie de política pública por la que lucharon las guerrillas marxistas-leninistas durante poco más de tres décadas del siglo pasado. 

“Indistintamente si se está de acuerdo o no, debe respetarse el debido proceso legislativo sin recurrir a las viejas prácticas bolcheviques. Inclusive, la expresión de rechazo sería más beneficiosa, tanto para los interesados como para el país, si se hiciera en forma verdaderamente pacífica, con argumentos coherentes, con propuestas concretas y especialmente con respeto al resto de la población”. Termina el Muso. 

 Las flagrantes violaciones cometidas por los colectivos la semana pasada generan en mí un deseo de protestar. ¡Protesto! ¡Protesto, y lo hago de forma pacífica,  contra la protesta que obstaculiza la libre locomoción de otros, daña la propiedad y atenta contra la vida! ¡Protesto contra las exigencias de la dirigencia popular que no les pueden ser concedidas sin cometer una injusticia a otro! ¡Protesto contra aquellos que buscan escudarse al afirmar que “sus acciones son culpa del congreso”! ¡Protesto contra aquellos líderes de la dirigencia popular que con afán se aprovechan de la ignorancia de algunos y les incentivan a confundir derechos con necesidades y a forzar a los demás de ocuparse de las obligaciones que a ellos pertenecen! ¡Protesto contra aquellos políticos pusilánimes y populistas que ceden ante los mecanismos de presión de los grupos parasitarios! ¡Protesto porque es la mayoría de los habitantes de nuestra nación los que pagan las consecuencias de las manifestaciones caprichosas de unos cuantos extorsionistas! ¡Protesto porque hay quienes no participan en hechos delictivos y desean salir adelante por sus propios medios y no se les es permitido por el berrinche de algunos! ¡Protesto en mi nombre y en el nombre de la gente pacífica y productiva! ¡Protesto, Protesto, Protesto!

La fotografía fue tomada del diario Prensa Libre e ilustra a un miembro del Comité de Unidad Campesina manifestando “pacíficamente”.

De piñata a bacanal

Por José Fernando Orellana Wer

El presente artículo fue publicado en la página Web de GUATE ACTIVA el 27 de octubre de 2014.

Escándalos aquí, desorden allá y caos por donde quiera que veamos. El gobierno de Guatemala ha caído tan bajo como para comparársele, ya no con una piñata sino con una perpetua fiesta bacanal. Entiéndase que la comparación se debe al carácter primitivo de la celebración, al desorden total que imperaba durante la temporada y por ser una festividad donde se planeaban muchas clases de crímenes y conspiraciones mezquinas. Allí donde lo vemos la comparación, lastimosamente, queda como anillo al dedo. Y es que el populismo es el traje de gala que portan los organizadores del jolgorio y es el culpable de haber tirado por la borda ya, la institucionalidad del Estado guatemalteco.

Pero, ¿por qué parece tan importante portar el populismo como traje de gala en esta celebración? La respuesta es bastante obvia: porque degrada al ciudadano ignorante al nivel de convertirlo en un adicto al paternalismo de quienes lo promueven. Transforma al ciudadano sin educación, en un ente servil que entregará sus derechos y su dignidad sin chistar palabra, a cambio de obtener algo que necesita en el momento.

Para muestra un botón: el causante de esa expresión de barbarie que se vivió el día martes 22 de octubre en las afueras del Palacio Legislativo, donde una turba fue dirigida por el oficialismo para boicotear el inicio de la sesión plenaria, no fue nada más que el populismo que apareció como un vendedor de droga ante el adicto, ofreciéndole a pobladores pusilánimes vender su dignidad y dejar fluir sus más bajos instintos a cambio de unos cuantos centavos y un almuerzo.

Pero el traje que suelen portar los políticos durante el bacanal corrompe no solo a gente ignorante sino que parece extender ese miserable atractivo por todos los estratos sociales. Algunos empresarios deciden dejar sus principios para poder volverse dependientes de las dádivas del Estado. La estrategia de estos vividores que ansían hacer dinero fácil, pasando por encima de la libre competencia, consiste en besarle los pies al populista de turno. Traduciéndose en favores que van desde la monopolización de mercados por decreto, impuestos especiales, entre muchas otras ocurrencias más.

Y esta parranda es de nunca acabar pues el mismo Estado se ve en la necesidad de aumentar su poder y burocracia para poder influenciar a más para que se les unan. Toda acción del Estado se convierte en un artilugio para intensificar el paternalismo clientelista, para incrementar ese juego en el que papá Estado le regala para obtener su voto a cambio, expresándose en unas futuras elecciones donde no se elije a quien gobernará mejor sino al que regalará más.

Por otro lado, no se puede dejar de fuera el discurso. El de los populistas participantes del desenfrenado culto al dios romano del placer Baco, quienes no disfrutan del placer carnal como en la festividad original, sino del placer de tener poder sobre otros. La oratoria de estos está plagada de inventiva, de promesas ridículas e imposibles y de victimización. Parafraseando a la activista guatemalteca Gloria Álvarez, en el discurso de los políticos latinoamericanos la razón y la lógica no tienen cabida. Ofrecen un túnel que atraviese la montaña, “pero aquí no hay montaña”, entonces pasan a prometerles la montaña. “Que mi negocio no funciona”, entonces también le prometen un subsidio, uno que será sufragado con el dinero que el populista dice que obtendrá del “rico, del que tiene, del explotador, del capitalista salvaje” pues las “mayorías explotadas, las masas, el pobre pueblo de Guatemala” se lo merecen. Insisto, discurso inventivo, falaz, ridículo y por sobre todo, victimizador. Como diría Orwell “intentan darle solidez al viento”.

Este desastre hay que pararlo. Pero ¿cómo terminar con esta adicción generalizada a apegarse al populismo? La respuesta está en reconocer que la evidencia empírica nos demuestra que lo único que un sistema de estos logra, es la generalización de la miseria, en darnos cuenta que más allá del discurso del político, sus intereses individuales siempre prevalecerán. Al populismo debemos combatirlo sin desmayo y con argumentos reducir el dañino paternalismo estatal. La tarea es una por la que vale la pena luchar y si aún no se convence pregúntese: ¿Cuál es la lógica de seguir implorando por un malvado líder que nos diga cómo vivir nuestras vidas y se aproveche de nosotros?

La imágen es una obra William-Adolphe Bouguereau titulada “La juventud de Baco”. Fue tomada de Wikimedia Commons

¡Inconsistentes!

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El presente artículo fue publicado en la web de GUATE ACTIVA.

Leo el viernes por la tarde la noticia de la niña secuestrada y asesinada, cuyo cuerpo fue encontrado en su propia escuela…la víctima número cinco mil y pico del año que ya está a meses de terminar, una persona que parece ser solamente un número más. Ese mismo día, horas más tarde, veo con indignación como detienen el tránsito en carretera a El Salvador debido a que, vaya usted a saber quién, viajaba con la compañía de una pequeña caravana de 42 carros de los cuales 30 eran patrullas de la Policía Nacional Civil. “¡Vaya cínicos!” es el pensamiento que atravesó mi mente en ese momento. Es obvio ya que los guatemaltecos no somos ajenos a estas situaciones. Pero lo que es peor, es que vivimos inmersos en ellas.

La incertidumbre actual que se vive en nuestro país es difícil y trágica para muchos. Asesinatos, robos, mutilaciones y secuestros son nuestro pan de cada día que poco a poco ha ido intoxicando al ingenuo y agobiando el espíritu de los optimistas. Día a día, la mayor parte de guatemaltecos se cuestionan si regresarán con vida a su hogar. A esto agreguémosle la indignación que produce el abuso de poder de los gobernantes, los reportes diarios de corrupción y los discursos falaces que nos escupen en la cara creyendo que nos pueden dar “atol con el dedo”.

Según recuerdo yo, la campaña electoral del partido oficial se basó en priorizar la política de mano dura y es lamentable que hasta los burócratas de la comunidad internacional, reconozcan el fracaso del gobierno de turno en la aplicación de la política mencionada. Es de aclarar que los mencionados, no son los primeros ni serán los últimos, en reconocer que el sector que más crece a diario en nuestro país es el de la criminalidad y la violencia. Un sector cuyo incentivo principal es la ineficiencia de la Policía Nacional Civil, la cual en un verdadero Estado de Derecho, tendría que ser el organismo más importante para asegurar que las violaciones a la propiedad, libertad y vida de otros, fuesen las menos posibles.

Novecientos noventa y cuatro días han pasado desde el inicio de este gobierno y la seguridad de nuestro país sigue en pañales. La seguridad que tiene que ser la función que el Estado debería de garantizar de la manera más eficiente posible. Porque, de qué sirve tener una nueva carretera si a la mitad de la ruta se te atraviesa un carro de antisociales y te secuestran, tampoco sirve tener escuelas públicas con profesores de calidad si van a violar o a matar a los niños estando dentro de ellas, es inservible tener salas de maternidad con tecnología de punta si no se va a garantizar a los padres que sus niños no serán robados; para las grandes empresas es un desincentivo la prevalencia de la inseguridad puesto que es lógica la incertidumbre que causa una posible extorción, un robo e incluso el gasto en seguridad privada. Los ejemplos podrían continuar pero al final, insisto en que la prioridad debe ser la seguridad si queremos alcanzar una sociedad civilizada y funcional.

El mismo viernes por la noche, sale en televisión declarando el presidente, con gesto de orgullo descarado, que a pesar de que los homicidios continúan, “estos han disminuido sustancialmente”. ¡Sí claro! Entonces ¿por qué será que algunos funcionarios viajan al interior del país con TREINTA patrullas de la PNC? Y no, los homicidios no han disminuido sustancialmente. Según datos de la empresa Central American Business Intelligence, la tasa de homicidios en 2012 y 2013 fue casi la misma, con 34.2 homicidios por cada 100 mil habitantes contra un 34.0 respectivamente. Un cambio de decimal no es una diferencia substancial.

La función esencial para la que se debe organizar el Estado es para garantizar la seguridad y la justicia. Nada más. Los fondos del erario público deberían destinarse en su mayoría a la mejora del sistema de seguridad y justicia. ¿Qué porcentaje? No lo sé. Lo que sí sé es que debería ser más de ese mísero 12.6 por ciento lo que se destine al organismo encargado de velar por el respeto de los derechos individuales y el orden público.

Al final lo que quiero enfatizar es que no hay en Guatemala una estructura gubernamental con prioridades, no es un problema único de este gobierno, viene de años atrás, en nuestro país y en el resto del continente. La prioridad debe ser la seguridad y la justicia, para lograr su eficaz implementación, no se debe ampliar el irreal presupuesto general de la nación, ni aumentar los impuestos, solamente deshacerse de todas aquellas funciones que no son prioritarias. Está muy claro, la inseguridad representa el impase más grande a la mejora del nivel de vida en nuestro país.

La solución no es “Despistolizar”

El presente artículo fue publicado en Guate Activa el 9 de septiembre de 2014

Mientras el ojo del huracán mediático se encuentra en el caso de Lima Oliva,  se le ha hecho poco énfasis a las peligrosas declaraciones vertidas por el Ministro de Gobernación López Bonilla hace unos días. El señor ministro explícitamente dijo que “se deben sacar todas las armas del escenario para detener la violencia. El eje principal para terminar con la delincuencia es DESPISTOLIZAR a los guatemaltecos”. Aclaro, el termino despistolizar no existe en la Real Academia Española, sin embargo, podemos interpretar que se refiere a desarmar totalmente a la población.

Recurrir al inefectivo remedio de siempre: pasar una ley. Como si los delincuentes, que son quienes hacen mal uso de estas armas, fuesen obedientes y acaten toda ley que se promulgue. Esta ley es peligrosa por el simple hecho de que desarma a los ciudadanos correctos y deja las armas en manos de los delincuentes. El derecho a la defensa propia es esencial, especialmente en un país como el nuestro dónde hay sicarios y asesinos por doquier. Es necesario que entendamos que lo peligroso no son las armas sino algunas personas que las utilizan. Los asesinos no piensan en una ley que prohíbe el uso de armas cuando matan y por el contrario, se aprovechan de estas leyes para atacar a ciudadanos que ante el inminente peligro no pueden defenderse.

Decía Cesar Beccaria —precursor del derecho penal— que la prohibición de contar con armas es lo mismo que “prohibir el uso del fuego porque quema o el agua porque ahoga. Las leyes que prohíben el uso de armas son de la misma naturaleza: desarman a quienes no están inclinados a cometer crímenes. Leyes de ese tipo hacen las cosas más difíciles para los asaltados y más fáciles para los asaltantes, sirven para estimular el homicidio en lugar de prevenirlo ya que un hombre desarmado puede ser asaltado con más seguridad por el asaltante”.

Por otro lado, no fue meramente por pura casualidad que en la Cuba de los Castro, la Alemania Nazi, la Rusia de Stalin, la Italia fascista, la China de Mao, entre muchos otros gobiernos opresores, lo primero que se hizo fue prohibir la tenencia de armas. ¿Qué mejor que tener a la población desarmada para que no se pueda revelar?

Pero pongámonos en el caso de que la prohibición no es con el fin de poder oprimir a la población sino con la “buena intención” de reducir la delincuencia. La evidencia nos demuestra que esta política no ha funcionado. A continuación tres ejemplos:

 Gran Bretaña, 1997. La portación de armas se prohíbe totalmente. La         violencia por armas de               fuego se ha incrementado un 40% desde aquel     entonces.

   La NAS (Academia Nacional de Ciencias de EEUU)   analizó 253 estudios             académicos, 100                   libros y 43 diarios          estatales que            contenían, entre       todas, 80 medidas para la     prohibición          de armas de fuego   dentro de       territorio norteamericano. Les fue imposible                 identificar una sola  regulación que haya reducido la violencia,        el crimen o los       suicidios.

 Australia. Doce años tras la implementación de el decreto que prohibía la             portación de                     armas, la revista TIME, reportó que “fue un desperdicio de           dinero público y no ha logrado                   diferencia alguna en la tasa de muertes             relacionadas a las armas”.

Por el contrario, Suiza e Israel ocupan el primer puesto en cuanto a la portación de armas se refiere y se encuentran entre los países con los niveles más bajos de crimen.      

Se puede decir entonces, que desarmar a la población civil es contraproducente si el fin es reducir el índice de violencia en la nación. Por otro lado, se fomentaría el crecimiento del mercado negro de armas sin controles de quienes las pueden llegar a poseer  y se violaría el derecho básico a defendernos ante el uso de la fuerza física por parte de otros, utilizando un arma de fuego. Una DESPISTOLIZACIÓN como la que el señor ministro propone, le facilitaría el trabajo a los delincuentes al disminuir la capacidad de defensa por parte de las víctimas.

Esperemos pues, que no caigamos en los mismos errores de siempre y que los gobernantes entiendan que la delincuencia se combate acabando con la impunidad, no multiplicando las leyes.