Las armas no son responsables

El presente artículo fue publicado el 18 de junio de 2016 en República.GT

fieldHace una semana ocurrió un hecho deleznable. Una vez más, otro islamita antisocial, presuntamente homosexual, asesinó a más de 49 personas en un bar en Orlando ubicado en un área en donde la portación de armas está prohibida por mandato gubernamental.

Las manifestaciones de rechazo a esta masacre y a quien la perpetúo fueron inmediatas. Pero también lo fueron las discusiones que surgieron otra vez alrededor del tema de la portación de armas. Habrá quienes piensen que esta es una discusión muy alejada de nuestra realidad pues en Guatemala ese no es un tema que “esté sobre la mesa”. Sin embargo, es necesario que recordemos las declaraciones vertidas hace un año por el ahora ex-ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla: “Se deben sacar todas las armas del escenario para detener la violencia. El eje principal para terminar con la delincuencia es DESPISTOLIZAR a los guatemalteco”. 

Entonces, ¿es realmente justa y efectiva la prohibición de las armas?

En una carta a John Madison, Thomas Jefferson escribió (citando a Cesar Beccaria) que “Las leyes que prohíben el uso de armas son de la misma naturaleza: desarman a quienes no están inclinados a cometer crímenes […] Leyes de ese tipo hacen las cosas más difíciles para los asaltados y más fáciles para los asaltantes, sirven para estimular el homicidio en lugar de prevenirlo ya que un hombre desarmado puede ser asaltado con más seguridad por el asaltante”.

Lo anterior establece claramente las consecuencias de la prohibición de las armas. Prohibición que resulta en la violación del derecho individual a la legítima defensa, el principio que le garantiza a cada individuo la facultad de defenderse ante una vulneración a sus derechos por parte de un particular, un grupo o el mismísimo gobierno, y de utilizar los medios necesarios para hacerlo, es decir, las armas, si es necesario.

El día del ataque escribí: “no culpen a las armas, estas no piensan ni actúan por sí solas. Culpen a los partidarios de ideologías religiosas irracionales y de odio, que toman las armas y asesinan individuos” y es que el problema radica en los sujetos peligrosos que utilizan las armas, no en las armas en sí mismas.

Además, es absurdo pretender que un asesino será respetuoso de la ley y en un lugar “libre de armas” se abstendrá de disparar. Por el contrario, un grupo de víctimas desarmadas es la presa ideal para un criminal o para un gobernante que quiere eliminar todo tipo de limitaciones físicas para poder abusar del poder del que dispone. La misma evidencia empírica demuestra que esta afirmación es cierta, tan solo pregúntese, ¿que tienen en común París, Orlando y Bruselas? y ¿qué tenían en común la China de Mao, la Rusia de Stalin, la Italia de Mussolini y la Cuba de Castro? Exactamente, legislación que prohibía o restringe al mínimo la portación y tenencia de armas.

En el Jefferson’s Commonplace Book, un libro que recopila escritos diversos del padre fundador de los Estados Unidos Thomas Jefferson, este cita otra vez a Beccaria y continúa diciendo que “la prohibición de contar con armas es lo mismo que prohibir el uso del fuego porque quema o el agua porque ahoga”. De esto de esto me acordé cuando leí que en los Estados Unidos las muertes por accidentes de tránsito son casi iguales a las muertes ocasionadas por arma de fuego. ¿Entonces, por qué no prohibir también los automóviles, o los aviones, recordando que dos de estos se utilizaron para acabar con la vida de cientos de personas aquel nueve de septiembre? Al final, todo se reduce a lo mismo, quien quiere acabar con la vida de personas encontrará los medios para hacerlo. Por ello, la importancia aquí está en la responsabilidad individual en lo que al manejo de armas se refiere. Las únicas personas a las que no debe permitirse poseer, portar o comprar un arma es a aquellas con antecedentes penales relacionados a la perpetración de crímenes con armas y a quienes padezcan de un trastorno psicológico científicamente comprobado.

El argumento anterior es el que vale con respecto al porqué de la negativa ante la prohibición de armas. Sin embargo, es válido mencionar que en los Estados Unidos, a pesar de que existen 22,000 leyes que regulan las armas, asesinatos y masacres se siguen cometiendo. Si quieres conocer más de los mitos al rededor de los cuales giran los argumentos de quienes abogan por la prohibición así como las consecuencias de aplicar tales argumentos en la práctica, te recomiendo visitar los siguientes enlaces:

  1. Gun Facts
  2. Costs and Consequences of Gun Control
  3. Líes and statistics about Gun Control

Retirarle las armas a los ciudadanos que respetan la ley presupone que las armas son las culpables de los crímenes violentos y desvía la responsabilidad de los individuos a los objetos. Lo dije con anterioridad y merece ser repetido: las pistolas no matan personas, las personas sí.

¿Simples externalidades?

El presente artículo fue publicado originalmente el sábado 12 de diciembre de 2015 a manera de inauguración de mi espacio de opinión en República.Gt.

Screen Shot 2015-12-14 at 21.47.04Uno de los pilares fundamentales de un sistema republicano es el Organismo Judicial. Un ente que se faculta en las bases legales establecidas por el Legislativo para la protección de los derechos individuales.

El objetivo de la existencia de los tribunales de justicia es castigar a los agresores con el enfoque crucial de que restituyan a sus víctimas. Los jueces están legítimamente acreditados para emitir una sanción contra los criminales ya que son ellos quienes se condenan a si mismos a ese servilismo involuntario desde el momento en que voluntariamente deciden violentar los derechos de un tercero.

Debido a la importante función que le es delegada, este organismo debe caracterizarse por una institucionalidad inquebrantable que se preserva únicamente en la medida en que defiende y hace respetar los derechos a la vida, libertad y propiedad de todos.

Es por ello que considero necesario que evaluemos el actual proceso judicial y cambiemos lo que se deba cambiar, ya que en el transcurso de impartición de justicia se cometen injusticias, legitimadas en la legislación, que se toman como simples externalidades que casi nadie cuestiona.

Una de las principales garantías constitucionales –aquellas que funcionan como salvaguardas de la libertad ante potenciales desmanes de poder por parte de los funcionarios públicos– es la presunción de inocencia. Tal como lo afirma el Artículo 14 de la Constitución, “toda persona es inocente, mientras no se le haya declarado responsable judicialmente, en sentencia debidamente ejecutoriada”. Asimismo, el Artículo 4 del Código Procesal Penal afirma que “nadie podrá ser condenado, penado o sometido a medida de seguridad y corrección, sino en sentencia firme”.

El anterior, es un principio cardinal en una República que nos da a cada uno la certeza de que no seremos sometidos a servilismo involuntario por el simple capricho o deseo de un individuo particular.

Sin embargo, a pesar de la garantía en mención, la misma ley contradice el principio y ha legitimado un sistema en el que se avala el encarcelamiento no solamente antes del fallo condenatorio del juez sino antes del mismo juicio.

En Guatemala, más del 40% de la población de las cárceles se encuentra recluida por la potencialidad de haber cometido un delito, esperando hasta por tres meses para ser recibidos por un juez en una primera audiencia.

Dentro de ese porcentaje hay tanto criminales como inocentes. La reconsideración de este proceso la hago precisamente por aquellos individuos sin culpa alguna que se encuentran en la cárcel ilegítimamente por períodos prolongados de tiempo y son considerados como “una simple externalidad” y “un mal necesario” en el actual proceso de justicia.

El economista austriaco Murray Rothbard escribe, en su libro Hacia una nueva Libertad, que “a menos que el criminal sea capturado in fragantti, es imposible justificar el encarcelamiento antes del juicio”.

Para que un sistema de justicia republicano cumpla con su función, es imperativo que no exista poder discrecional en manos de los policías, jueces y fiscales. Con ese propósito, Rothbard continua y afirma que “si supuestamente a todos nos rige una misma legislación, al exceptuar a las autoridades se les da una licencia legal para cometer permanentes agresiones (…) es por ello que todos deben ser sometidos a la ley universal”.

Someter a los funcionarios públicos a la ley universal significa invertir el actual proceso de tal forma que los fiscales del Ministerio Público deban tener absolutamente todas las pruebas contra el acusado antes de presentar la solicitud ante el juez de mandar a aprehenderlo. De esta forma se disminuye significativamente la posibilidad de capturar a un inocente.

En caso el juez emita una orden de aprehensión contra el acusado, este deberá tener una audiencia en un muy corto período de tiempo y el juicio se llevará a cabo rápidamente, evitando encarcelar a personas sin condena alguna en el período de tiempo que le toma actualmente al Ministerio Público investigar y recabar la evidencia.

Si el sistema funcionara de la manera propuesta y alguno de los acusados fuese privado de su libertad y resultara ser inocente, las autoridades judiciales y los funcionarios públicos encargados de la investigación serían sancionados por haber aprehendido injustamente a un inocente, lo que funcionaría como un incentivo para que los fiscales realizaran investigaciones de calidad y los jueces emitieran las ordenes de captura con cautela, basándose en la correcta evaluación de la evidencia.

Debemos apostar por un sistema judicial con una institucionalidad fuerte e inquebrantable pero digno de una República en el que las “externalidades” no tengan cabida.

Déjenlos pasar…

Por José Fernando Orellana

Articulo publicado en el diario República.Gt el 4 de julio del 2014

Esta no es una defensa legal como muchas otras, sino una defensa moral de la eliminación de la barreras de inmigración al territorio de los Estados Unidos de America. Nota: estoy defendiendo la libertad de entrada y residencia, y no la concesión automática de la ciudadanía de EE.UU..

El fin de las barreras de inmigración es exigido por simple principio de derechos individuales, basándonos en que cada persona tiene derechos como individuo, no como miembro de tal o cual nación. Uno tiene derechos, no en virtud de ser estadounidense, pero en virtud de ser humano. Uno no debe de ser residente de ningún país en particular para tener un derecho moral de estar a salvo de la coerción gubernamental en contra de la vida, libertad y propiedad. En palabras de la mismísima Declaración de Independencia de aquel país del norte que hipócritamente rechaza la inmigración ilegal, el gobierno se instituye “para garantizar estos derechos, la libertad, la vida y la búsqueda de la felicidad”-para protegerlos contra su violación por la fuerza o el fraude.

Un extranjero tiene los mismos derechos que un americano. Ser un extranjero no es ser un criminal. Sin embargo, el gobierno de EEUU trata como criminales de aquellos extranjeros que no tienen la suerte de ganar la lotería de visas de trabajo. Buscar empleo en otro país no es un acto criminal. No coacciona a nadie y no viola los derechos de nadie. No hay “derecho” a estar exentos de competencia en el mercado de trabajo o en cualquier otro mercado. No es un acto criminal comprar o alquilar una casa en Estados Unidos para residir. Pagar por vivienda no es un acto coercitivo-siendo el comprador un estadounidense o un extranjero. Los derechos de nadie se violan cuando un hindú, guatemalteco, chino o australiano, alquila un apartamento de un propietario de América y se muda a la vivienda que está pagando. Y ¿qué pasa con los derechos de los ciudadanos estadounidenses que desean vender o alquilar su propiedad al mejor postor? O ¿las empresas estadounidenses que quieren contratar a trabajadores a más bajo costo? Es moralmente indefendible que el gobierno americano viole su derecho a hacerlo, simplemente porque la persona sea de otra parte del planeta.

Las cuotas de inmigración excluyen forzosamente a extranjeros que quieren, no robar, pero comprar una vivienda en ese país, que no quieren vivir de los americanos, sino a participar en el trabajo productivo, elevando su nivel de vida. Haciendo en el mayor de los casos el trabajo que muchos americanos no desean hacer. Excluir por la fuerza a aquellos que buscan pacíficamente el intercambio de valores comerciales es una violación de los derechos de ambas partes en tal intercambio: los derechos del vendedor o empresario estadounidense y los derechos del comprador o empleado extranjero.

La irracional premisa clamada a los cuatro vientos por algunos americanos para continuar con la restricción de entrada de extranjeros es: “Este es nuestro país, nosotros dejamos entrar a los que queremos.” Pero, ¿quién es “nosotros”? El gobierno no es dueño del país. Jurisdicción no es propiedad. Sólo el propietario de una porción de tierra puede decidir los términos de su ingreso o uso. La tierra americana no es la propiedad colectiva de una entidad llamada “el gobierno de EE.UU.”. Tampoco hay tal cosa como la propiedad social-colectiva de la tierra. La afirmación, “tenemos el derecho de decidir quién está autorizado a entrar” significa que algunos individuos-aquellos con la mayoría de votos- tienen el derecho de impedir que otros ciudadanos ejerzan sus derechos. Pero la realidad es que no existe un derecho a violar los derechos de los demás.

Los Padres Fundadores de América determinaron y aplicaron un sistema de derechos porque reconocieron que el hombre, como ser racional, debe ser libre para actuar en su propio juicio y para mantener los productos de su propio esfuerzo. Ellos no tuvieron nunca la intención de establecer un sistema en el que los que nacían en ese país pudiesen usar la fuerza para “protegerse” a sí mismos de la competencia pacífica con los demás.

Los inmigrantes son el tipo de personas que refrescan el espíritu americano. Son ambiciosos, valientes y valoran la libertad. Ellos llegan a EEUU, a menudo sin dinero y sin siquiera hablar el idioma, para buscar una vida mejor para ellos y sus familias. La visión de la libertad americana, con su oportunidad de prosperar mediante el trabajo duro, sirve como un imán de la mejor gente del mundo. Los inmigrantes son auto-seleccionados por sus virtudes: su ambición, la audacia, la independencia y el orgullo. Ellos están dispuestos a dejar de lado las funciones apegadas a la tradición en sus países de origen y de volver a definirse a sí mismos como estadounidenses.Estas son las personas que Estados Unidos necesita con el fin de mantener viva la actitud trabajadora individualista que hizo a América.

He aquí una breve lista de algunos grandes inmigrantes: Ieoh Ming Pei, Neil Armstrong, Cristina Saralegui, Arturo Moreno, Andrew Carnegie, Albert Einstein, y Ayn Rand.

Legitimicen la inmigración hacia su país, americanos: los beneficios son grandes. El derecho, incuestionable. Así que…Déjenlos entrar.

Imagen tomada de DownTrend con fines ilustrativos.